Vargas Llosa en Caracas

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César Hildebrandt
Columnista
Escuchar a Mario Vargas Llosa decir simplezas solemnes como las que acaba de decir en Caracas es como volver a los tiempos de la guerra fría.

Según Vargas Llosa el mundo se divide, pobremente, entre los que piensan como él (o sea los buenos) y los que piensan distinto (o sea los peligrosos).

Ahora bien, hay varios tipos de peligrosos. Están los peligrosos arqueológicos, que son los comunistas, y los peligrosos inofensivos, que son los socialdemócratas.

Sin embargo, para el pensamiento catatónico de don Mario hay un tercer tipo de peligrosos y estos son los peligrosos-peligrosos.

Los peligrosos-peligrosos son los que no han pasado por el comunismo ni han militado en la socialdemocracia y ni siquiera han querido participar de la política (candidateando a una presidencia, por ejemplo).

Pero esos peligrosos-peligrosos son los que piensan por su cuenta, los que el sistema no engríe sino hostiliza, los que las corporaciones no financian sino tratan de enlodar. Son, en suma, los intelectuales, esa categoría a la que perteneció, brillantemente, Mario Vargas Llosa.

Porque Mario fue el entusiasta castrista de los años 60, el autor de aquel discurso inolvidable leído al recibir el premio Rómulo Gallegos, el gran novelista que nos restregó la imagen del joven Javier Heraud muriendo en la selva.

Y no fue intelectual porque fuera de izquierda. Lo fue porque pensaba libremente y era soberano de su percepción.

Y como era un intelectual comprometido con la verdad y no con los dogmas, Vargas Llosa se fue distanciando de la revolución cubana a medida que la revolución cubana se fue haciendo hangar soviético y sucursal estalinista.

Fue más intelectual que nunca cuando, en 1968, se apartó para siempre de cualquier incondicionalidad censurando la salvaje invasión del llamado Pacto de Varsovia a tierras checoslovacas. Como se sabe, la URSS ejecutó ese zarpazo para impedir que Alexander Dubcek “suavizara” la dictadura checa y diera con ello el mal ejemplo que podía prender.

Quien escribe tenía 20 años cuando los tanques rusos entraron a Checoslovaquia. Todavía recuerdo la furia de los muchachos y muchachas que se enfrentaron, en las imágenes en blanco y negro de la época, a los blindados que tenían como misión aplastar “la primavera de Praga”. Recuerdo esa furia checa y eslovaca y recuerdo la mía, limpia como un relámpago: ¿Para esto se hacían las revoluciones? ¿Para aplastarlas con la soldadesca?

Mario siguió dando ejemplo de autonomía cuando, en 1971, rompió abiertamente con lo que quedaba de aquella original revolución barbuda liderada por Fidel.

Yo trabajaba en “Caretas” y recuerdo haberlo entrevistado por teléfono (de Lima a París) sobre el caso del poeta Heberto Padilla, obligado por Castro y sus secuaces a demolerse en público y a vomitar una confesión que parecía salida de los juicios de Moscú de los años 30.

Pero pasaron los años y Mario dejó de ser el hombre libre que vagaba por el mundo a su entender, el escritor que decía verdades de a puño, el intelectual distanciado del dinero y de los proveedores del poder.

Romper con el comunismo había sido una exigencia de la libertad. Transar con el establecimiento fue una interpretación de estirpe mexicana de la tarea del intelectual (aunque Octavio Paz, por ejemplo, se contaminó bastante menos con la telaraña del PRI).

Curiosamente, cuando Mario se amistó con el orden establecido por las corporaciones y perdió ese malestar que lo hacía escribir deicidamente para sustituir el mundo, fue, al mismo tiempo, cuando de su inmenso talento empezaron a salir los divertimentos editoriales y las performances que tanto alegraron a su nuevo y creciente público. Las risas producidas por “Pantaleón y las visitadoras” empezaron a cundir entre los que cortaban el jamón.

Su último gran libro genial (y brotado del desasosiego) fue “Conversación en la catedral”. A partir de allí, un Mario integrado al sistema global del poder decidió que pelear en contra de esa energía oscura no era sólo inútil sino también agotador y hasta suicida. Entre Chomsky y Camus, Vargas Llosa eligió a Gore Vidal y sus objeciones secundarias.

Escucharlo ahora, en plena crisis mundial, decir que el liberalismo sólo trae abundancia y justicia y que los países que han seguido esa receta son y serán los más prósperos (¿verdad Irlanda, no es cierto España, te acuerdas Islandia?) es como escuchar a un señor que tiene el físico de Vargas Llosa, el pasaporte de Vargas Llosa, el habla cantarina de Vargas Llosa pero que, de algún modo, usurpa al escritor, difama al combatiente libertario y anima y reconforta a sus enemigos.

Ir a Venezuela en estos días y redundar en las críticas que el caudillo procaz de esas tierras merece está muy bien, siempre y cuando no se vaya como plenipotenciario de aquellos valores que permitieron la criminal hegemonía invasiva de los Estados Unidos en América Latina. Censurar a Chávez y olvidar a Arbenz (y a Bosch y a Panamá y a Granada y al bloqueo cubano) no es lo que se espera de un hombre decente como Vargas Llosa.

Escuchar a Vargas Llosa como propagandista del capitalismo realmente existente produce, en suma, un agudo ataque de melancolía.

Con OEA o sin OEA

César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com

Con OEA o sin OEA
Ha vuelto al debate la suspensión de Cuba como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). El retorno de Cuba es hoy exigencia unánime de América Latina.

Cuba no muestra ningún afán de retorno a ese organismo que Fidel Castro ha definido como el ministerio de Colonias de Estados Unidos.

En los años 60 del siglo pasado cundió en nuestra América el grito: “¡con OEA o sin OEA / ganaremos la pelea!”. Cuba está ganando ahora la pelea en el seno de la OEA.

Los portavoces estadounidenses buscan evitar que se anule la inicua suspensión de Cuba. Alegan que en Cuba no hay respeto pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esa exquisitez choca con la historia del Tío Sam, el cual no sólo ha defendido, sino que ha instalado o estimulado a las dictaduras más sanguinarias de América.

El miércoles último escuché la conferencia magistral sobre la vida y la obra de Juan Bosch dictada en el Centro Cultural de San Marcos por el doctor Rafael Julián, embajador de la República Dominicana. El diplomático recordó cómo la OEA apoyó en 1965 la invasión de Estados Unidos a su país, que causó miles de muertes.

Antes, en 1962, en la primera elección libre después de cuarenta años, el gran demócrata y escritor Juan Bosch, fundador y jefe del Partido Revolucionario Dominicano, había sido elegido presidente de la República.

Pero a la oligarquía y a su socio mayor, el imperialismo yanqui, Bosch les pareció demasiado reformista y, sobre todo, demasiado amigo de la joven Revolución Cubana. Lo derrocaron.

El de 1965 es sólo un episodio de la trayectoria de la OEA, instrumento de Washington que ahora presenta resquebrajaduras.

Un precursor de ese cambio fue Raúl Porras Barrenechea. El brillante historiador y profesor era, en 1960, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Se hallaba muy enfermo, motivo por el cual despachaba en su domicilio.

En 1960, por instigación de John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, se convocó una conferencia de cancilleres americanos en Costa Rica. La consigna era precisa: aislar a Cuba y echarla de la OEA.

En la prensa derechista del Perú se barajó la idea de que Porras, tan enfermo, no acudiría a la cita y sería reemplazado por Guillermo Hoyos Osores, quien antes había elogiado el fascismo y era medularmente anticubano.

Pero ¡oh sorpresa! Porras se levantó de su lecho de enfermo, fue a la reunión y se opuso a la separación de Cuba en discurso que debería inspirar a la diplomacia peruana de hoy.

Al retornar al Perú, el oficialismo y la derecha lo aislaron y vejaron. Pero los estudiantes sanmarquinos lo reivindicaron y lo acompañaron a su tumba.

Ahora, en el debate sobre Cuba, el llamado de Porras por la justicia, la tolerancia y la libertad vuelve a vibrar con su verdad y su belleza.

Consolidar modelo de desarrollo demanda concertación de fuerzas democráticas

Consolidar modelo de desarrollo demanda concertación de fuerzas democráticas

Vargas Llosa cree erróneamente que fujimorismo y humalismo comparten el mismo espacio político
Víctor Robles Sosa (*)
Con el respeto que se merece, Mario Vargas Llosa no es, en mi modesta opinión, un referente político válido para analizar la realidad peruana, porque todos saben que es víctima de pasiones que lo ciegan de una manera extrema.

El hecho de que la izquierda odie a Alberto Fujimori es suficiente para que el escritor asuma y proclame que aquella es democrática, cuando todos saben que se opuso al fujimorismo solo porque éste estableció la economía de mercado, liquidó el estatismo mercantilista y acabó con el terrorismo.
Ha olvidado que Fujimori fue ungido en el poder con el voto de la izquierda, que ésta le prestó a varios ministros, como Carlos Amat, Gloria Helfer y Fernando Sánchez, y que muchos otros izquierdistas ejercieron cargos públicos.

El rencor le impide ver que sus socios izquierdistas sabotean hoy la inversión privada con la coartada de defender el medio ambiente, y que lo utilizan a él como “mascarón de proa” para imponer la visión sesgada del informe de la ex Comisión de la Verdad en el futuro Museo de la Memoria.

Son estas mismas fobias las que lo han llevado a sostener ahora que el fujimorismo y el humalismo comparten el mismo espacio político de enemigos del sistema democrático.

Basta un mínimo de realismo político en el análisis para darse cuenta que tal afirmación carece de un fundamento sólido que la sustente. Lo que el escritor no comprende es que en política, y en la vida en general, no todo es blanco o negro.

¿Antisistema?
Es cierto que Fujimori ejerció el poder con un estilo autoritario y demostró poco apego a las formas democráticas; o que la mayoría oficialista convirtió al Congreso en una especie de “mesa de partes” del Ejecutivo, como bien dice el destacado analista Juan Paredes Castro.

No menos real es que Vladimiro Montesinos montó y manejó una gran red de corrupción que atravesó el Estado, que Hermoza Ríos y su grupo cobraron millonarias comisiones ilegales, y que los excesos autoritarios socavaron los cimientos de importantes instituciones. Un enorme pasivo político, sin duda.

Pero igualmente cierto es que el marco constitucional actual, y la nueva institucionalidad democrática que ha nacido de él, fueron concebidos durante el primer gobierno fujimorista (1993).

Las nuevas instituciones que han contribuido a fortalecer el sistema político, como el Referéndum, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura o el Congreso Unicameral, nacieron con la Constitución de 1993, igual como nacieron otras que han contribuido decisivamente al progreso económico del país, como la SUNAT, el Sistema Privado de Pensiones, Aduanas, SUNARP, etc.

Y si hacemos historia, veremos que el uso del Legislativo como “mesa de partes” del gobierno de turno no lo inventaron los fujimoristas; éstos imitaron a los dos gobiernos anteriores, de Acción Popular-PPC y el APRA, que también ejercieron esa práctica al tener mayoría absoluta en el Parlamento.

Incoherencia
Pretender que el fujimorismo y el humalismo comparten el mismo espacio antisistema es incoherente a la luz de los hechos políticos recientes, en particular los que hemos podido apreciar en el Congreso de la República.

El APRA y Unidad Nacional pueden dar fe, mejor que nadie, que en los últimos años cada vez que la gobernabilidad fue puesta en vilo por la acción del humalismo en el Congreso, el fujimorismo no se ha prestado a ese juego, sino todo lo contrario, ha cumplido un papel crucial para proteger el sistema político.

El voto fujimorista ha sido decisivo, por ejemplo, para rechazar los intentos de censura injustificados que promovió Humala a poco de iniciada la administración aprista, para ratificar el TLC con Estados Unidos, para darle al gobierno facultades legislativas que le permitan implementar ese tratado, para acabar con la acefalía de la Contraloría General de la República, etc, etc.

Mientras el partido de Humala agita en el Parlamento contra el sistema democrático y la economía del mercado, el fujimorismo se le enfrenta siempre en defensa del sistema, tal como lo hizo cuando condujo la investigación de las actividades desestabilizadoras de las Casa del Alba.

Existe un abismo de diferencias políticas entre los fujimoristas y los humalistas que Mario Vargas Llosa no puede ver ya sabemos por qué.

Simplismo
Lo que debemos preguntarnos todos es ¿qué ha pasado para que, a pesar del pasivo político que arrastra el fujimorismo, una gran parte del pueblo siga creyendo en él; para que se mantenga como una fuerza política que aglutina al menos a un tercio duro del electorado?

Las cifras y los hechos no mienten: es tan popular como el APRA y más rico que Unidad Nacional en cuadros de gobierno, por eso me parece un grave error que las fuerzas democráticas empujen al fujimorismo hacia el bando antisistema solamente por cálculos electorales o revanchismos partidistas.

Es simplista y miope decir que los ciudadanos que apoyan al fujimorismo no creen en la democracia o, peor aún, están contra ella. Es la misma soberbia que le hace decir a Vargas Llosa algo así como “este pueblo ignorante no me merece”.

La gobernabilidad y la consolidación del sistema político y el modelo de desarrollo demandan una concertación entre las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y el libre mercado, y una de estas es el fujimorismo.

Ya es hora que todas esas fuerzas se sienten en una mesa y fijen un acuerdo político de continuidad democrática y económica, dejando atrás las venganzas, los rencores, las persecuciones, los complejos de Adán y las desconfianzas mutuas.

Por cierto, ese entendimiento debe basarse en el compromiso de renunciar al autoritarismo y de respetar el equilibrio de poderes, porque la historia no miente: tales prácticas no son monopolio de Fujimori, hoy mismo las vemos vivas, en mayor o menor grado, pero vivas, en la administración de justicia.

El país necesita una reconciliación nacional política para estabilizarse, de lo contrario seguiremos viviendo en la incertidumbre cada cinco años, ante la amenaza constante de una posible victoria electoral izquierdista.

A riesgo de que me tilden de iluso o loco, allí queda mi propuesta. Las ideas nacen así, pequeñas, incomprendidas, ridiculizadas, pero cuando prenden, ya nada ni nadie las detiene.

(*) Periodista, director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

E-Mail: victor.robles.sosa@hotmail.com / Blog: http://victorrobles.wordpress.com

Carteles del alcalde

Carteles del alcalde

A nadie con algún sentido de una correcta inversión de los recursos públicos –que son de todos los peruanos– se le ocurriría opinar en contra de la modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades hecha por el Pleno del Congreso la semana pasada, prohibiendo a los alcaldes colocar su nombre en los paneles publicitarios que anuncian obras distritales o provinciales.

Pues ocurre que dichas obras, grandes o pequeñas, son hechas con nuestro dinero y, en el mejor de los casos, también son obras no de una sola persona sino de un colectivo municipal que no tiene por qué sintetizarse en un nombre, que es el de quien aparece como principal beneficiario de obras que se realizan durante su gestión, pero no necesariamente gracias a su intervención.

Que el congresista Walter Menchola (Solidaridad Nacional) haya sido el primero en protestar ”en nombre de dos mil alcaldes del país” descubre claramente que el máximo perjudicado con esta norma es el alcalde Luis Castañeda, cuyo nombre y color partidario parece repetido en mil diversas formas y tamaños por toda la ciudad. Pero se trata de un perjuicio relativo, pues no parece que el envidiable 83% de apoyo que registra la gestión capitalina sufra una merma de consideración.

Ahora bien, se trata a todas luces de una norma incompleta. Pues si la congresista Rosa Florián (PPC) quisiera ser coherente con su objetivo (”que no se usen las obras públicas para hacer campañas de corte electoral”) es obvio que debería haber incluido en la norma a los gobiernos regionales y al gobierno central, cuyos titulares también pueden valerse de obras públicas para hacerse propaganda.

Al respecto, vale la pena reflexionar en la evolución seguida por los avisos que anuncian las obras gubernamentales, en un principio impersonales y cubiertos bajo un lema genérico (”El Perú avanza”), pero que en las últimas semanas han vuelto otra vez a ser antropomorfos. No hay que olvidar que, en el quinquenio anterior, el hoy presidente García fue un incansable crítico de la publicidad que hacía Perú Posible. Y tenía razón.

De modo que, sin descartar la utilidad de la norma tal cual ha sido aprobada, y demandando por lo mismo que sea objeto de pronta promulgación, habría que exigir que se la complete, incluyendo a las autoridades faltantes. Claro que entonces se corre el riesgo de que la nueva norma nunca sea promulgada.

Derechos humanos y religión

Derechos humanos y religión

Por David Villena Saldaña

Con 23 votos a favor, 11 en contra y 13 abstenciones, el Consejo de DDHH de la ONU aprobó el 26 de marzo pasado una controvertida resolución en contra de la “difamación de las religiones.” Este documento, aunque de carácter no vinculante, insta a los Estados a modificar sus “sistemas legales y constitucionales” a “nivel local, nacional, regional e internacional” de modo que se proteja a cualquier religión –y al Islam en particular– de eventuales o sistemáticas censuras públicas conducentes a la estigmatización de sus fieles. Según esto, la difamación de las religiones constituye una abierta afrenta a la dignidad, y, por ello, una violación a los DDHH.

El texto, propuesto originalmente por Pakistán a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), incurre en una serie de problemas conceptuales. En principio, obviando los tratados, la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional, concibe como sujeto no a la persona humana, sino a la religión. Ello es un error craso. Pues los derechos humanos buscan proteger a los individuos del abuso de sus Estados, no a los conjuntos de ideas frente a las críticas que puedan merecer o no.

La idea de difamación resulta también espuria en este contexto. Las personas son quienes tienen derecho a no ser difamadas, es decir, a que no se menoscabe sin prueba su reputación. Para aplicarse este concepto a las religiones, deberíamos conceder que cuentan con reputación, cosa que, en sentido estricto y no metafórico, no ocurre. Hay, pues, otro error categorial.

Al carecer de estatus jurídico, la religión, en sí misma, no tiene derecho alguno. Quien sí lo tiene es el creyente. A él, es legítimo protegerlo de la discriminación, persecución o violencia que tenga como causa su fe. Criticar una religión no equivale a incitar el odio contra sus practicantes. Debe distinguirse, por tanto, entre el derecho a la libertad de culto de las personas y el presunto derecho de la religión a no ser “difamada”.

Ahora bien, dado que los DDHH se aplican a todos los sujetos por igual, si se pretende que la religión sea finalmente un sujeto de derecho, entonces, en tanto conjunto de afirmaciones sobre la experiencia y el mundo, toda la protección que se le otorgue deberá otorgarse también a otros conjuntos de afirmaciones de este tipo. Así, si no se puede criticar a la religión, tampoco debería poder hacerse lo propio con ninguna teoría científica o ideología política, por ejemplo.

Esta resolución no constituye un avance en materia de DDHH. Se trata, más bien, de un retroceso, ya que acatarla conlleva al recorte de la libertad de expresión y de prácticas fundamentales de la democracia tales como el cuestionamiento o debate público de las ideas.

Es de lamentar que, con la sola excepción de Chile, los países latinoamericanos permitieran con su silencio –como es el caso de Argentina, Brasil, México y Uruguay– o de modo directo –como Bolivia, Cuba y Nicaragua– que este documento se imponga.

Contraloría, Ministerio Público y Congreso deben investigar a Keiko

Contraloría, Ministerio Público y Congreso deben investigar a Keiko

David Waisman. El congresista de Perú Posible que investigó al ex presidente Alberto Fujimori señala que Keiko Fujimori ha entrado en muchas contradicciones que deben aclararse.

María Elena Castillo.

La comisión parlamentaria que usted presidió concluyó que los ingresos del ex presidente Alberto Fujimori no cubrían la educación universitaria de sus hijos. ¿Cómo lo justificó su hija Keiko?

Nosotros determinamos que los ingresos mensuales de Fujimori eran de dos mil soles y que tenía un ingreso por jubilación, por una cantidad similar, pero no los cobraba. Entonces, ¿de dónde pudo obtener dinero para el pago y mantenimiento de sus cuatro hijos en costosas universidades de Estados Unidos?

¿Ella afirmó lo mismo que ahora, que costaron alrededor de medio millón de dólares?

Sí, pero luego fue cambiando sus versiones porque a nosotros nos dijo que se pagó los estudios con un préstamo de su abuelo.
¿No contó sobre los 400 mil dólares que habrían tenido sus padres al llegar a la presidencia?

No, en ese momento no dijo nada de ese dinero.

¿Les entregó alguna documentación sustentatoria?

No. Y ese es el tema fundamental que se le debe pedir, pues hay mucha contradicción entre sus propias versiones. Ha pasado ya un tiempo prudencial para que pueda haber reunido toda la información documentada que sustente los 400 mil dólares, el préstamo del abuelo y los movimientos que han salido en la prensa.

¿No la denunciaron penalmente?

La Comisión Townsend la denunció ante el Ministerio Público en el año 2001 porque se encontró que ella habría incurrido en delito contra la fe pública al haber contradicciones con lo informado por otros testimonios con respecto a la recepción del dinero del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Qué ha pasado con esa denuncia?

¿A qué entidad le compete hacer la investigación?

La señora Fujmori es ahora funcionaria pública al ser congresista, y a la Contraloría –que fiscaliza las declaraciones juradas de todos los congresistas– le corresponde actuar de oficio. El Congreso tampoco se puede desligar de su obligación y debe nombrar una comisión investigadora para que se aclare todo.

¿Debe crearse una comisión especial para que vea el caso?

Hay dos formas. Se puede presentar una moción acompañada de 30 firmas y el Pleno debe votar si se forma o no. También existe la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización nombre un subgrupo de trabajo de investigación.

Ya pasó más de una semana que explotó el caso. ¿Por qué hasta ahora no se hace?

Ahí entramos en el terreno de mayoría y minoría. Pero yo creo que el presidente de la Comisión de Fiscalización debe proponer la creación de un subgrupo de trabajo; entonces se verá quiénes votan a favor y quiénes en contra de la transparencia. Los congresistas estamos desprestigiados, nos dicen “otorongos”; esta es una oportunidad de demostrar a la población que actuamos con transparencia.

Más aún cuando Montesinos dijo en el 2001 que los estudios se pagaron con dinero del SIN…

Claro, eso fue en la Comisión Herrera. Montesinos dijo que él le daba el dinero a Fujimori para solventar los estudios de sus hijos. De los informes hay elementos suficientes para confrontaciones. Hay cosas muy importantes. No entiendo qué hacen la fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tenemos a Pedro Fujimori, que está prófugo, a Rosa Fujimori y a Aritomi. Hay que pedirles cuenta por si están enviando notas de repatriación de estas personas por los indicios que existen.

Los fujimoristas dicen que es una persecución política…

Para nada. Lo que pasa es que debe haber transparencia y mostrar los documentos. No hay intención de perseguir a nadie, solo buscar la verdad. Yo creo que la señora Keiko debe presentar la documentación aclaratoria públicamente.

¿Y si no lo hace?

Quedará la duda, y ya sería responsabilidad de la Contraloría, del Ministerio Público y del Congreso tomar acción e investigarla.

“Las versiones que Keiko dio con el tiempo no cuadran”

¿Quedó demostrado que el ex presidente Fujimori no tenía el dinero para pagar universidades en Estados Unidos?

Las conclusiones indican claramente que él no tenía esos recursos. Después, la señora Keiko Fujimori da una versión señalando que cuando sus padres llegan al gobierno tenían 400 mil dólares, y que con eso se pagó una parte. De estas versiones distintas podemos colegir que no hay claridad en la información que da.

¿Ella colaboró con la comisión que usted presidía?

La citamos una vez al final y sólo habló de los 100 mil dólares de préstamo. Nosotros investigamos profundamente. Levantamos el secreto bancario a casi mil personas y se denunció a un número similar.

¿Cuáles son las principales contradicciones?

Dijo que el abuelo le hace un préstamo de 100 mil dólares –ella no recuerda bien si al papá sólo, o también a la mamá–, y que con eso solventaba los gastos; pero luego cambia de versión y dice que con la venta de la casa de Pinerolo se cubren todos los gastos. Se ha comprobado que esa venta es mucho después de que los tres hermanos terminen de estudiar. Las versiones que da en el transcurso del tiempo no cuadran.

Apra dejó solo a Simon en la exposición sobre el plan VRAE

CONTROVERSIA POR IMPRECISIONES EN SU APLICACIÓN

Apra dejó solo a Simon en la exposición sobre el plan VRAE
Oficialismo le reclama no haber conseguido ayuda internacional. Sousa denuncia que comisión VRAE repite estructura de D.S. 003 del 2007

Por: Jorge Saldaña Ramírez

Falta de precisiones. Tal fue el común denominador del debate político que se desató en el Congreso de la República tras la exposición del plan gubernamental que ayer fue desarrollado por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, para terminar con la tétrica alianza del narcotráfico con el terrorismo que asola el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

La prueba de cuán poco novedoso es el plan VRAE estuvo en lo siguiente: el único aplauso que Simon arrancó del auditorio parlamentario fue cuando anunció que a partir del 1 de julio mil jóvenes pobladores de esa cuenca amazónica serán incorporados como promotores de los programas de lucha contra la pobreza.

Ni la disciplinada bancada parlamentaria aprista acompañó el mensaje de Simon Munaro ante el pleno del Congreso. A medida que avanzaba su alocución y durante el debate político era notorio cómo crecían las curules vacías de los legisladores oficialistas. Ni qué decir de las otras facciones parlamentarias. El colmo ocurrió a las dos horas de empezado el debate: solo 25 legisladores permanecían en sus asientos como los únicos preocupados por conocer y debatir la acción del gobierno en el VRAE.

El vocero del Ejecutivo prometió —en el arranque de su alocución— no caer en el fácil listado de obras y acciones. Pero al final terminó recitando un conjunto de obras estatales sin indicadores sustentables, tal como se le enrostró durante el debate.

Por ejemplo, que pronto funcionará una escuela de ingeniería agro-forestal de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Pichari; que se organizarán festivales del cacao, café, ajonjolí y otros productos alternativos a la hoja de coca y hasta que se izará la bandera patria en todos los colegios.

Anunció la ejecución del Plan de Impacto Rápido de Lucha contra las Drogas en el VRAE con un presupuesto de 25,8 millones de soles; la construcción de centros de salud por 7,2 millones de soles; mayor financiamiento a los programas sociales con un presupuesto extra de 31,8 millones de soles, el mejoramiento de 380 kilómetros de caminos y la entrega de 4.806 títulos de propiedad para agricultores.

Y en cuanto al sector Defensa e Interior, dijo que las Fuerzas Armadas tendrán una asignación extra de 50 millones de soles mientras que el Frente Policial VRAE viene gastando un presupuesto de 116 millones de soles.

Simon presentó un proyecto de ley para crear una comisión intergubernamental VRAE —que contará con una asamblea, un consejo directivo y una secretaría técnica— para articular la acción intergubernamental. De inmediato el congresista Rolando Sousa (GPF) dijo que esta estructura es copia de una entidad que se creó el 2007 vía el D.S. 003.

REACCIONES
“Saludo esta concepción amplia expuesta en el plan VRAE. Hay que coordinar con la cancillería y Devida para obtener mayor cooperación internacional”.
LUIS GONZALES POSADA. PARTIDO APRISTA

“¡Cómo has cambiado, Pelona! Hay vacíos. Inyecten un poco de energía a los planes para retomar los brillos de antaño y liderar una lucha contra el narcotráfico y la pobreza en el VRAE”.
JAVIER BEDOYA DE VIVANCO. UNIDAD NACIONAL

“¡El 40% de la población del VRAE no tiene DNI! ¡Hay un policía por cada dos mil habitantes! Un soldado gana 20 soles. Se paga 20 dólares por cada kilo de coca”.
LUISA MARÍA CUCULIZA. GRUPO FUJIMORISTA

“Apoyamos todas las acciones para mejorar la calidad de vida en el VRAE. ¿Pero, qué acciones hace el Gobierno respecto de las empresas privadas que tienen el control de puertos y aeropuertos?
NANCY OBREGÓN. PARTIDO NACIONALISTA

“Los alcaldes del VRAE han presentado 21 proyectos de desarrollo y no hay los 50 millones de soles que se requieren. ¿Donde está ese gesto de voluntad política?
ELIZABETH LEÓN. BLOQUE POPULAR

“La secretaría técnica que figura en el proyecto necesita 180 días para un plan de desarrollo económico-social en el VRAE. En una emergencia no podemos esperar seis meses”.
WASHINGTON ZEVALLOS. COORDINADORA DEMOCRÁTICA

Los protagonistas anónimos

POLÍTICOS VERSUS SERVIDORES PÚBLICOS

Los protagonistas anónimos
Por: Beatriz Boza Abogada

Si bien las elecciones municipales y regionales son recién en noviembre del año entrante y la presidencial y congresal en el 2011, ya se inició la fiebre electoral y con mucha puntería especialmente contra los alcaldes exitosos. A uno lo denuncian por malos manejos en las contrataciones y a otro por enriquecimiento; un tercero por falta de transparencia y, finalmente, a alguien más por aparecer con foto en los carteles de las obras ejecutadas. La fiscalización, la rendición de cuentas y el escrutinio público son esenciales para el buen gobierno y para limitar la corrupción, pero la acusación desproporcionada, la denuncia infundada, la persecución mediática y el escándalo afectan la buena marcha de cualquier organización, pública o privada, porque en última instancia afectan a todas las personas que trabajan allí. A diferencia de la empresa privada, en el sector público eso es más delicado todavía porque la capacidad de gestión de la autoridad no solo depende del mandato legal ni de los recursos de que dispone sino de la percepción ciudadana que es fuente de su legitimidad.

No todas las personas pueden lidiar con los golpes y avatares propios de la política y en especial de las campañas políticas. Se requiere un temperamento y disposición especiales pues involucran y afectan también a la familia, especialmente al cónyuge. Un político sabe elegir y rodearse de las personas más capaces para lograr sus fines, y en puestos de autoridad, especialmente si tiene trato con la ciudadanía, sabe que cada vez más el país requiere de una gestión estatal eficaz, que dé resultados tangibles para la gente. Allí entran a tallar los técnicos y profesionales de la administración pública. Cientos de miles de peruanos y peruanas detrás de la ventanilla, en una comisión de servicio, evaluando una nueva obra, consultando un plan de trabajo, levantando un acta de inspección, diseñando una nueva regulación, resolviendo una queja, registrando una propiedad, absolviendo una consulta, imponiendo una multa, aclarando una norma, hacen a diario que la municipalidad funcione, el registro de propiedad dé seguridad, el centro de salud atienda a la gente, el ministerio cumpla y el Estado en general funcione.

Ellos son protagonistas anónimos de los logros macroeconómicos y de las obras de las que se jactan las autoridades. Su gestión y su labor también tienen que ser reconocidas. Hoy, 29 de mayo, celebramos el Día del Servidor Público. Qué mejor ocasión para reconocerlos y agradecerles.

¿Qué supone investigar en el Perú?

¿Qué supone investigar en el Perú?
Por: Juan Paredes Castro

El verbo investigar puede conjugarse y ejercitarse en las esferas peruanas del poder las veces que se quiera al revés y al derecho y no tener ningún sentido.

Hablamos de una dolorosa regla con muy raras excepciones.

Ahí está la excepción a medias, por ejemplo, de la denuncia del Congreso contra la suspendida parlamentaria aprista Tula Benites, que a fin de cuentas no sirvió de nada ante un Poder Judicial que en instancias seguidas archivó dos de los tres delitos por los cuales ella fue acusada.

La prensa, con sus virtudes y defectos, suele investigar y denunciar todo el tiempo. Y buena parte de lo que las autoridades recogen como evidencias proviene de aquella fuente. Pero el común denominador es que si los casos no se disuelven en el limbo del Congreso, nada cambia después en la instancia judicial.

Ya sabemos lo que pasa con la investigación judicial de los “petroaudios”, es decir de todos los personajes y situaciones confabulados para amarrar mafiosamente a sus intereses jugosos contratos de exploración petrolera. Nadie sabe, entre otras cosas, si el disco duro de la computadora de Rómulo León es aún el disco duro original u otro virtual que lo que quizás contiene sean las letras de un corrido mexicano.

La comisión parlamentaria investigadora del espionaje telefónico —otro tema tantas veces investigado y denunciado por la prensa— nos sorprende ahora, después de siete meses, con un “informe preliminar” que dice tener la certeza de que tales operaciones delictivas provendrían de empresas privadas. Destila apenas los nombres de BTR y Orión. Y no señala presunciones de responsabilidad que revelen, entre otras cosas, por lo menos el hilo de la madeja de un monstruoso aparato de invasión de la privacidad y de la violación del secreto de las comunicaciones que ha sentado sus reales en el país desde los tiempos de Montesinos.

Lo que queremos decir con todo esto es que no hay eufemismos ni metáforas que valgan para reconocer que las investigaciones de la contraloría se ahogan en el aparato burocrático gubernamental o fiscal, que las investigaciones parlamentarias se anulan en su propia ineptitud y que las investigaciones judiciales raras veces sobrepasan la histórica varilla de la impunidad.

Competir no es excluir

Competir no es excluir
Por: Henry Pease García

Al parecer ha habido bronca y actos de violencia en varias partes, pero lo significativo y lo valioso para la democracia es que un partido político realice elecciones competitivas y que todos aprendan que competir no es excluir al otro.

Esa es la parte de la noticia que en el caso del Apra o cualquier otra agrupación me parece más importante resaltar, porque los partidos son canales de participación política ciudadana o no sirven a la democracia. El tiempo de los caudillos mesiánicos debe terminar, necesitamos líderes que acepten la competencia, la alternancia y la jubilación.

Tiene razón Jorge del Castillo cuando recuerda que la política es pasión, pero hay que recordar que los dirigentes solo son tales en una democracia cuando muestran su capacidad de subordinar la pasión a la razón.

Hay, sin embargo, dificultades que hacen que la organización de elecciones sea muy difícil para los partidos y siempre termine enlodando a los organizadores. Acusar de fraude suele ser, desde hace mucho tiempo, una táctica común de campaña que muchos practican, aunque sea para ganarse alguito chantajeando con el escándalo. Y lo cierto es que nos falta práctica democrática continua y se requieren años de continuidad para democratizar nuestra cultura política.

Por eso he propuesto que la ONPE debe estar encargada de organizar las primarias y las internas de los partidos: las primeras en una sola fecha y las segundas adaptándose a los pedidos que se reciban. Hacerlo reducirá conflictos intrapartidarios y aprovechar la experiencia que ha acumulado la ONPE con mucho profesionalismo. Sería, además, una manera indirecta de subsidiar la actividad más importante de los partidos, aquella que los convierte en canales de participación ciudadana en la vida política y que sustenta la democracia interna.

Cada vez que defendemos los partidos como pilares de la democracia, debemos tener en cuenta que solo interesan para este régimen si canalizan y expresan la participación política de muchos miles de ciudadanos.

El partidismo tradicional, simples caudillos con entorno de seguidores, de líderes históricos e irreemplazables, sin competencia ni alternancia, resultan volátiles y más de una vez nos llevaron a regímenes autoritarios.

Ex presidente del Congreso de la República