Archivo para diciembre 3, 2009
Piden que García se someta a la justicia por los delitos que se le imputaron cuando terminó su primer gobierno.
Piden que García se someta a la justicia por los delitos que se le imputaron cuando terminó su primer gobierno.
Que renuncie a prescripción
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Alan García debe cuadrarse ante la justicia.
DETALLE
“Si una persona quiere defender su honra, su honor, sobre todo los políticos, pueden renunciar a la prescripción para que la justicia acredite su inocencia, para que nadie diga que se corrió de la justicia; eso fue lo que debió hacer García en lugar de huir de la justicia peruana”, indicó el ex procurador Omar Chehade.
Según el artículo 91 del Código Penal, un imputado puede renunciar a la prescripción de los delitos por los cuales es acusado y someterse a la justicia. Para abogados y dirigentes sociales, consultados por LA PRIMERA, eso debió haber hecho Alan García cuando regresó al Perú de su autoexilio en Colombia y Francia, y también podría hacerlo actualmente, para que la justicia peruana determine su inocencia o culpabilidad de los actos de corrupción cometidos durante su primer gobierno con el objetivo de establecer si merecía cobrar su pensión y devengados por un millón 600 mil de soles.
Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), opinó que “si García tiene decencia debería ingresar al debate sobre la legalidad del cobro de su pensión. Consideramos que debe someterse a un nuevo juicio, previo debate para ver si puede renunciar a la prescripción”.
Luego Sifuentes expresó su repudio por el cobro ilegal realizado por García y dijo sentirse indignada porque nuestro mandatario gozó de una inusual estabilidad jurídica de la que no gozan los miles de pensionistas en Perú para cobrar sus compensaciones.
Por su parte, el ex congresista Heriberto Benítez sostuvo que si Alan García se consideraba inocente de los cargos que le imputaban, sobre enriquecimiento ilícito y corrupción en su primer gobierno, debería renunciar a la prescripción de la acción penal, tal como lo establece el articulo 91 del Código Penal, y someterse a un proceso judicial a fin de esclarecer las graves acusaciones constitucionales en su contra; luego de lo cual, si lo absuelven, podría intentar cobrar sus devengados.
Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Columnista
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Inseguridad como estrategia electoral
En los últimos cincuenta años la humanidad ha pasado de la ilusión de vivir mejor al temor de vivir peor. Los propagandistas de la revolución tecnológica nos han hecho creer que ella equivalía al desarrollo social, que chatear era comunicarse, pero no nos dijeron que las computadoras también les podían servir a los delincuentes y terroristas.
La inseguridad ciudadana está alimentada por la confusión de valores que acompaña al consumismo moderno, que ha logrado que millones de seres humanos confundan adquirir con la adicción a comprar.
Las bandas de delincuentes ahora son más peligrosas que hace treinta años, porque el delito los acerca a convivir con instancias del Estado, especialmente con el Ministerio del Interior y la administración de justicia. Imagínense al Ministro Salazar avalando la estúpida y falsa versión de que los Pishtacos asesinan para sacar la grasa del cuerpo humano y venderla.
Las matanzas de Trujillo como parte de una estrategia desquiciada de exterminio de supuestos delincuentes, preparan a la gente para la militarización de los barrios. En esta parte es cuando la democracia sobra y se vuelve un costo alto e inútil.
Creo que nunca ha habido tanto funcionario público dedicado al negociado privado, al menos tan descaradamente. Esta fusión de representantes sinvergüenzas y representados con vergüenza es fatal para la democracia. Los primeros se forran y los segundos se resignan. Desde los Canaán y León Alegría hasta el come pollo y su tribu de congresistas han hecho evidente que la corrupción es igual para públicos y privados, sólo los diferencia el monto.
¿Qué esconde esta “ola” de inseguridad ciudadana? Que la alianza aprofujimorista sigue manejando instituciones estatales como armas políticas, avanzando hacia el 2011 con los ojos puestos en el próximo gobierno.
Se han asesinado policías, ciudadanos, se ha desarticulado la PNP contribuyendo aumentar la inseguridad en las calles y a desprestigiar a la llamadas fuerzas del orden que siguen perdiendo su divisa, elevando aún más el costo democrático de esta nueva y audaz estrategia electoral.
César Hildebrandt
César Hildebrandt
Columnista
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Estupefactos
El evento lo organizaron la Universidad del Pacífico e Interbank y concluyó el pasado lunes.
Se llamó “Seminario Internacional: Claves de una Estrategia Competitiva”.
Concurrieron todos los capitanes de empresa, los almirantes de las finanzas, los cabos sueltos del comercio y los funcionarios públicos con algo que decir en este país que administra Alan García.
La estrella indiscutida fue Michael Porter, considerado por un amplio sector de la prensa internacional como el más reconocido especialista en competitividad de las economías globalizadas.
El diario “Gestión”, por ejemplo, lo presentó así: “el gurú mundial sobre estrategia y competitividad”.
Porter, profesor fulgurante del Harvard Business School y autor de 16 libros, vino a ponerle nota al modelo Fujimori-Toledo-García.
Las llamadas “fuerzas vivas” fueron a escuchar a esta mente brillante, que ha asesorado a empresas como Dupont y Procter and Gamble y cuyo libro “The Competitive Advantage of Nations”, publicado en 1990, se convirtió en referente de todo análisis serio que se hiciera en torno a lo que puede hacer fuerte a un país en una economía sin fronteras aparentes como la actual.
¿Y qué le dijo al empresariado peruano Michael Porter?
Pues le dijo varias cosas (y acudo a la crónica que sobre esa noche memorable hiciera para “Gestión” Alfredo Prado):
La primera es que el Perú carece de una política de largo plazo en materia de competitividad.
La segunda es que la economía peruana no tiene un rumbo definido.
La tercera es que el crecimiento económico del Perú –hecho que la estadística confirma- no se ha reflejado en beneficio de la mayoría de la población.
La cuarta es que el Perú ha vivido estos años “una ilusión exportadora” porque las cifras en azul proceden del alza de las materias primas, mientras que nuestra exportación de productos con valor agregado permanece inmóvil.
La quinta es que el Perú padece de un atraso dramático en relación a la invención y la tecnología. “El Perú -apuntó- no sólo no ha avanzado en este rubro: parece haber retrocedido”.
La sexta es que la mayor parte de la inversión extranjera “no viene a crear nuevas empresas sino para comprar negocios ya existentes”. Y añadió, con espantosa exactitud, lo siguiente: “Cuando un inversionista piensa en una nueva fábrica no piensa en el Perú”.
La séptima es que, a largo plazo, las dificultades del Perú tendrán que ver con la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la aplastante corrupción y el alto nivel de informalidad.
La octava es que los éxitos peruanos de los últimos años pueden irse al demonio sino limpiamos el sistema judicial, sino defendemos los derechos de propiedad y si no fumigamos y reordenamos la disuasiva burocracia creada para entorpecer.
¿Dijo algo más el señor Michael Porter?
Sí. Dijo también que el TLC con China tiene tal grado de asimetría que corremos el riesgo de quedarnos congelados como abastecedores de materias primas, que es como los chinos nos ven también en el futuro.
Dijo todo eso y a las pocas horas regresó a su cátedra de Administración de Negocios en Harvard.
Los empresarios peruanos quedaron estupefactos.
Esta vez la verdad no venía de un ideólogo adversario ni de un Premio Nobel que juega al caviaraje para lavar culpas. Venía de aquella lumbrera internacional que alguna vez escribió “Técnicas para analizar industrias y competidores”, un libro que ha sido 53 veces reeditado y que está traducido a 17 idiomas.
Estupefactos. Esa es la palabra. La farsa la había descubierto, sin dificultad, un especialista de los Estados Unidos.
¿Se atreverá la Caverna a refutarlo?
Por lo pronto, ha guardado un delicioso silencio.
Mercedes Aráoz, azafata de LAN Chile en sus sueños más dorados, no ha dicho una palabra. Los columnistas políglotas del borbonismo limeño se han callado en todos los idiomas que dominan.
No atinan a nada. Se están recuperando del sopapo.
César Lévano .Una cortina de grasa
Una cortina de grasa
Ahora está claro que eso de los pishtacos que mataban gente para robarle la grasa fue una mentira grotesca, la historia de una locura contada por un idiota.
Dudamos de este mejunje desde el arranque, por una razón simplista: si el propósito era vender la grasa obtenida (15 mil dólares el litro en la bolsa de valores de los babosos), no tenía sentido matar a pobladores del valle del Monzón, en Huánuco, en sitios donde la gente se muere de hambre. En Lima hay blancos, mejor dicho, gordos de mayor peso.
Lo cierto es que la farsa ha quedado al desnudo, y el ministro del Interior, Octavio Salazar, convertido en narrador de cuentos.
La invención, que ha recorrido páginas periodísticas de todo el mundo, coloca ahora a Salazar en un universal altar del ridículo, que daña el prestigio del Perú y de la institución policial.
El portavoz principal de la farsa, el general PNP Félix Murga, ha pagado los platos rotos: ha sido destituido del cargo de jefe de la Dirección de Investigación Criminal.
Lo cierto es que la patraña fue difundida con la autorización, la presencia y el beneplácito del ministro, quien llegó a afirmar: “No es una leyenda, es una realidad. La Policía Nacional jamás se prestaría para una farsa de este tipo”.
El hecho es que sí se prestó.
¿Por qué?
Se trata sin duda de un psicosocial. Es éste un operativo que no siempre busca ocultar un hecho o un proceso específico. Su propósito puede ser crear una atmósfera de tensión y miedo. A veces, por lo contrario, busca distraer con ficciones eróticas, risibles aventuras y hasta milagrerías religiosas.
Las historias de pishtacos o nakaqs son tan antiguas como el Perú.
El nombre proviene del quechua pishtay (cortar en tajadas). Recuerdo que en los años de mi infancia, las abuelas contaban en Lima siniestras historias de pishtacos que estremecían a los niños y les robaban el sueño.
Sospecho que esta poco ingeniosa historia ha buscado ocupar la imaginación ciudadana con una cortina de humo, o más bien de grasa, para que no piense en la entrega de puertos y aeropuertos, la corrupción del régimen aprista, el fracaso de la política económica neoliberal, el malestar social que se encrespa en varias regiones.
La versión actual de la historia sobre pishtacos tiene sin duda un autor. No creo que Salazar o Murga hayan creado ese engendro. Es posible que el autor de la ficción sea un desquiciado que manipula altas palancas del poder. A lo mejor temía que salieran a la superficie accidentados amoríos y decepciones recientes que quería (y quiere), gatunamente, tapar.
El resultado de la inepcia es que el ministro Salazar ha hecho lo adecuado para convertirse en el quinto titular que en este régimen pierde la cartera.
Toledo y Fox presentan Agenda Social en Portugal
Toledo y Fox presentan Agenda Social en Portugal
(Estoril, Portugal) Los ex presidente de Perú y México, Alejandro Toledo y Vicente Fox, entregaron hoy a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la XIX Cumbre Iberoamericana, un conjunto de recomendaciones públicas y privadas que buscan el desarrollo con equidad social.
El documento fue recibido por el presidente de Portugal, Anibal Cavaca Silva, en representación de la Troika de la Cumbre Iberoamericana, y se denomina “Agenda Social para la Democracia de América Latina para los próximos 20 años”.
Se trata de 16 temas sociales de urgencia identificados en América Latina y 63 recomendaciones específicas de políticas públicas y privadas que buscan contrarrestar las limitaciones de la democracia en resolver la desigualdad económica y social.
La Agenda Social cristaliza el aporte de veinte ex presidentes de la región, convocados por el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, institución que lidera Alejandro Toledo.
“Es una iniciativa digna de resaltar porque aborda temas, no de coyuntura, sino, de lago plazo, y eso es algo que los presidentes que estamos en ejercicio debemos aprender a valorar”, señaló el presidente de Portugal, Anibal Cavaca.
Toledo agradeció el gesto democrático del anfitrión de la XIX Cumbre Iberoamericana y destacó el trabajo desarrollado por veinte ex presidentes latinoamericanos que “decidimos un día que es muy prematuro para jubilarnos”.
El ex presidente peruano señaló que la Agenda Social es un conjunto de recomendaciones realizadas del análisis político, económico y social que atraviesa la región.
“Los pobres demandan respuestas eficaces de la democracia; quieren un sistema que funcione y entregue resultados; de lo contrario, pueden impacientarse y orientarse hacia salidas populistas”, añadió.
La entrega de la Agenda Social se realizó en el marco del tercer día de actividades oficiales de la XIX Cumbre Iberoamericana.
Participaron en la ceremonia de entrega, además del presidente Cavaca, los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana, de El Salvador, Horacio Martínez, y el presidente de la Secretaría General Iberoamericana y ex Presidente del BID, Enrique Iglesias.
Etiquetas: Agenda Social, Alejandro Toledo, Cumbre Iberoamericana, Vicente Fox
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Justicia :::: Diego García-Sayán es el primer peruano elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Justicia :::: Diego García-Sayán es el primer peruano elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el Círculo De Fuego
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García Sayán el martes 1 en el monumento El Ojo que Llora, en el Campo de Marte.
“Un contacto electrónico enfervorizado”. Así describe Diego García-Sayán la parte no presencial de su trabajo como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pese a su nombre tan pomposo, es el tribunal más pobre que existe en el planeta. Más pobre que el Tribunal Andino de Justicia y que la Corte de Centroamérica”.
Ello implica que los siete jueces deban continuar con sus ocupaciones en sus respectivos países.
Por eso este rockero ocasional, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores deberá intensificar todavía más su frenética lectura de correos electrónicos. Se acaba de convertir en el primer peruano elegido unánimemente por sus seis colegas como presidente de la CIDH, con sede en Costa Rica.
A pesar del presupuesto, este tribunal supranacional tiene un significado trascendente para el Perú. El retiro de su jurisdicción signó un momento en el que el régimen de Alberto Fujimori decidió aislarse de la comunidad internacional. A su vez, volver a su esfera de competencia significó reconocer que las instancias supranacionales no eran para ser tomadas a la broma. Sus fallos en casos claves como las masacres de la Cantuta y Barrios Altos fueron, a su vez, determinantes en la histórica sentencia de veinticinco años impuesta a Fujimori. El gobierno peruano invitó al tribunal a realizar sus audiencias en Lima en abril próximo.
García-Sayán otea el cambio de los vientos desde el monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte: “Hoy los estados latinoamericanos no van con el discurso viejo que tenían las dictaduras o los autócratas de decir: eso es mentira, es invención de los terroristas, de los izquierdistas y de las ONG. Aquí hay hechos y son ciertos, aceptamos que fueron así y que no deben de producirse más. Hace diez años hubiéramos pensado que era algo más para europeos. Era imposible pensar que iba a funcionar una corte que no tiene policías ni manera de trabarle embargo a una cuenta del Estado para que pague una reparación. Eso demuestra que no todo está funcionando, pero hay cosas que sí están funcionando”. El 80% de las reparaciones determinadas por la CIDH a favor de ciudadanos demandantes han sido sufragadas por los estados aludidos.
No ha sido un reciente camino exento de baches. Ciertamente, regaló munición a los críticos de la Corte la resolución (2007) del caso de la masacre del penal de Castro Castro, que incluyó una reflexión del juez brasileño Cançado Trindade calificando a las senderistas como “Juanas de Arco”. García-Sayán, que se inhibe en todos los casos relacionados con el Perú, aclara que “no era el pensamiento de la Corte porque no era parte de la sentencia y en segundo lugar era una reflexión retórica poética que no tenía una consecuencia jurídica particular”. El brasileño es ahora juez en la Corte Penal de La Haya.
“Nunca fui juez”. García-Sayán reconoce que le costó integrarse a la rutina de trabajo de la Corte. La toga (“la pijama”) propia de los magistrados y los interminables debates jurídicos no eran lo suyo. Pero la mirada de este abogado de 59 años se ilumina cuando explica las razones que hacen apasionante el trabajo.
“Las decisiones de la Corte en los últimos años están influyendo de manera muy decidida en políticas públicas”, explica. En tiempos de autoritarismos y guerras sucias, los fallos de la Corte lidiaban con los crímenes del Estado. Hoy imponen lo que García-Sayán llama sus “obligaciones positivas”. Esto significa “tener un sistema judicial eficiente, que funcione, que sea accesible, al que la gente pueda llegar y que resuelva en un plazo razonable”.
De alguna manera, corren tiempos en los que el Estado asume un nuevo rol central. “Es una fase muy distinta a la del pensamiento único del consenso de Washington, que le decía a los estados: tienen que privatizar empresas e imponían una injerencia constante”.
Hoy la Corte le hinca el diente a casos relacionados con “asuntos muy interesantes sobre pueblos indígenas y el requisito del consentimiento para otorgar concesiones. Lo que no significa que no se pueden dar, pero tiene que haber algún tipo de compensación económica para la gente. Esto a propósito de unos casos de Surinam que tienen vigencia más allá”. Los trágicos ecos de Bagua vienen de inmediato a la memoria.
Otros ejes actuales son los de acceso a la información –con una reciente sentencia ejemplar para un caso de Chile– y regímenes pensionarios. Bárbaros crímenes de Estado todavía son denunciados desde México –con el feminicidio en Ciudad Juárez como triste ejemplo– y Colombia. El filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilita que la carga procesal de la Corte sea moderada. Ven solo unos veinte casos al mismo tiempo.
Un gran pendiente es la ausencia de Estados Unidos en el sistema. “Quisiera pensar que con la administración Obama se puedan dar pasos en esa dirección”, confía García-Sayán. “Podría darse el caso que, con algunas reservas, EE.UU. se adhiera a la Corte Penal Internacional. No creo, realistamente, que con la CIDH se pueda dar un giro de 180 grados pero estoy convencido de que puede establecer un camino de diálogo para generar sensibilidad, no tanto en los sectores académicos donde ésta ya existe, sino en los círculos políticos”. Seguro que centenares de correos electrónicos se invertirán en el esfuerzo. (Enrique Chávez)
Nacional :::: Ex fiscal estadounidense le recomienda a Francis Allison declararse culpable.
Nacional :::: Ex fiscal estadounidense le recomienda a Francis Allison declararse culpable.
Difícil Horizonte
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El 24 de noviembre, Allison pidió a la Corte permiso para volver al Perú. Al día siguiente, extrañamente, retiró la solicitud.
Al ex ministro Francis Allison le esperan unos próximos meses de mucho sol. Luego de darse a conocer su arresto en Miami por no declarar más de US$ 30 mil dólares en efectivo que pretendía traer de regreso a Lima el pasado 5 de noviembre (de un total de US$ 50 mil), ya se sabe que la corte distrital del sur de la Florida los acusa a él y su esposa Carla Robbiano por tres cargos: no declarar el dinero, contrabando de efectivo y falso testimonio. Cada uno de esos tres delitos tienen una pena máxima de cinco años de cárcel.
El ex fiscal estadounidense Daniel Zambrano confirma que la acusación formulada contra Allison representa “un gran problema”. Y sabe de lo que habla.
Zambrano es un hijo de peruanos que entre el 2000 y 2003 se desempeñó como fiscal en la ciudad de Nueva York. Entre sus tópicos de investigación estuvieron el lavado de dinero y la malversación de fondos.
En el 2003 fue asignado a la unidad de investigaciones especiales de la oficina especializada en narcóticos de Nueva York, donde condujo grandes procesos contra las mafias de drogas. Hoy encabeza la consultora Condorsur.
Los documentos de la corte que Zambrano facilitó a CARETAS revelan nuevos importantes detalles del caso.
Primero, que la fianza no fue de US$ 100 mil, sino de US$ 180 mil. Esta fue garantizada en dos tandas de US$ 100 mil y US$ 80 mil, respectivamente, con su hermana como cofirmante.
Segundo, Allison intentó convencer a la corte que lo dejen volver al Perú mientras se encuentra en libertad bajo fianza.
El 24 de noviembre la defensa de Allison presentó el pedido. “Estará disponible para viajar de regreso a los Estados Unidos apenas sea requerido para aparecer en la corte”, aseguró en el escrito el abogado Óscar Arroyave, que también aclaró que su esposa se quedaría en la Florida mientras dure el caso.
En el texto, Allison es presentado como “un abogado licenciado y político que ocupó la alcaldía del distrito de Magdalena del Mar y más recientemente fue ministro de Vivienda y Planeamiento Urbano, un cargo del gabinete presidencial”.
Lo que le llama la atención a Zambrano es que al día siguiente, el 25 de noviembre, el abogado Arroyave retiró de la corte el pedido de salida del país mediante un lacónico párrafo. Ello es muy inusual.
Fueron dos fianzas. Una, la ya conocida, por US$ 100 mil. La otra, registrada en este documento, de US$ 80 mil. Ambas co-firmadas por hermana de Allison.
Como es lógico, en su pedido inicial la defensa de Allison no menciona en absoluto la investigación que le adelantó la fiscalía por el confuso episodio de “asesorías jurídicas” que lo vinculan con la empresa chuponeadora Business Track y que en realidad se habría tratado de un mecanismo para “lavar” ingresos que no pueden justificarse. Sospechas muy indeseables en su actual situación, por cierto. Y Zambrano se pregunta si el retiro del pedido tiene que ver con ellas. De hecho, el presidente Alan García las recordó cuando el miércoles 25 rostizó a su ex ministro y se refirió al escándalo de Miami como “una tropelía que es en verdad imperdonable”.
¿Cómo terminará el caso? Zambrano le echa mano a una táctica común entre los fiscales en el llamado argumento final. “Si no es culpable, mira la mala suerte que ha tenido. Que un socio lo llamó poco antes de que saliera de Estados Unidos para hacer la transacción. Tuvo la mala suerte de sacar el dinero en efectivo y que la transacción no funcionara. Tuvo la mala suerte de que los bancos estuvieran cerrados y no pudo depositar de nuevo el dinero. Tuvo la mala suerte de perder justo entonces su boarding pass y tuvo la mala suerte de meter el dinero que no declaró en la cartera de su esposa”.
Si estuviera en el otro lado del mostrador, Zambrano se orientaría por algunas recomendaciones.
“Primero le pediría que no hable a la prensa. Él ofreció una entrevista a RPP que el fiscal podría usar en su contra. Sus explicaciones son contradictorias. Al principio dice que necesitaba la plata porque no estaba trabajando en el Perú. Luego dijo que tenía un socio para comprar un inmueble pero después de sacar el dinero se dio cuenta de que no era un buen negocio. Cualquier transacción legítima en Estados Unidos no ocurre de esa manera. Las partes negocian, deciden, acuerdan un contrato y recién después viene el dinero, que no tiene que ser manejado en efectivo. Una transacción de esa naturaleza cuesta menos de US$ 100”.
Para Zambrano, “lo más probable es que al final se declare culpable”.
La balanza es cruel. De un lado, Allison y Robbiano se arriesgan a cinco años de prisión efectiva luego de un juicio que debería tomar menos de un año. “Pero si se declara culpable puede terminar en cualquier momento”, añade Zambrano. “Pierden los US$ 50 mil y no podrían volver a entrar a Estados Unidos, pero vuelven deportados al Perú. De todos modos, ya deben haber gastado por lo menos US$ 25 mil en su defensa”. (E.CH.)
Seguridad :::: Exclusivo: La historia de cómo el alférez de fragata Eduardo Barrios Coloma intentó venderle información a Chile en 1989.
Seguridad :::: Exclusivo: La historia de cómo el alférez de fragata Eduardo Barrios Coloma intentó venderle información a Chile en 1989.
El Espía Desconocido
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17:00 horas del 5 de diciembre de 1989. Barrios (izq.) y el agente Enrico en el café Haití. Barrios tenía solo 25 años.
Empezó el 29 de noviembre de 1989. Dos días antes, una persona había dejado un sobre en la sede de la Embajada de Chile en el Perú. El file de manila estaba dirigido al agregado naval chileno con el sello de estrictamente personal. El remitente era el mismo hombre al que la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar) había estado siguiendo por algunas semanas. Pero las sospechas solo se confirmaron aquel 29 de noviembre, durante la feroz campaña electoral por la presidencia del Perú. Sí, era Eduardo Barrios Coloma. Era el traidor.
La historia es recordada por el periodista Ítalo Sifuentes, quien viene siguiendo el caso del alférez de fragata AP (Armada Peruana) Eduardo Barrios Coloma, sentenciado a 28 años de prisión por traición a la patria en 1989. Veinte años después, a fines del 2009, el caso del suboficial de la FAP (Fuerza Aérea del Perú) Víctor Ariza sitúa la historia en la agenda noticiosa y dibuja inevitables paralelos. Como Ariza, Barrios Coloma tenía apuros económicos. O al menos eso alegaba.
Eran los últimos meses del primer gobierno de Alan García. Barrios Coloma era oficial del Departamento de Comunicaciones del BAP Paita, un ex buque estadounidense que había operado en el Caribe durante la crisis de los misiles en Cuba bajo el nombre del USS Walworth County. Antes de pasar por la Embajada de Chile, el alférez de fragata había retirado “dos hojas mimeografiadas con los formatos XC-305 y XC-306”, precisa el periodista Sifuentes. “Estratégicos documentos que contenían la Relación de Grupos Clave para el elemento 700-Clave General Nº de registro 845 y la Relación de Grupos Clave para elemento 700-Clave Operaciones Navales Nº de registro 557”. Es decir, información en torno a los sistemas de comunicación y navío del Perú.
Una vez identificado y con el fusilamiento en 1979 del suboficial de la FAP Julio Vargas Garayar aún fresco en la memoria colectiva, la Dintemar preparó un operativo de contraespionaje. Ya no había pena de muerte para los delitos de traición a la patria. Pero seguía habiendo espías. Barrios Coloma, al igual que Vargas Garayar, había acudido por cuenta propia a la embajada chilena. Según dijo en ese entonces, para resolver sus compromisos económicos.
El plan para capturar a Barrios estuvo dirigido por un capitán de navío. Bajo su mando, tres oficiales aprendieron el acento y los usos militares sureños. Ellos se hicieron pasar por los agentes de inteligencia chilenos Patricio, Enrico y Sergio. El primer paso fue llamar a Barrios Coloma, a las 18:00 horas del 1 de diciembre de 1989. Patricio levantó el auricular y marcó: 401355. Ante la suspicacia del alférez de fragata, una segunda llamada tuvo que hacerse el 4 de diciembre. Nuevamente, Barrios Coloma insistió en tener una entrevista personal en lugar de una conversación telefónica. También exigió la devolución de los documentos entregados en la embajada, según dijo, de forma inconsciente, pues estaba “de pasada en la zona”.
La entrevista personal fue pactada para el día siguiente, el 5 de diciembre de 1989, en el café Haití de Miraflores. Para ser fácilmente reconocido, Barrios Coloma anunció la vestimenta que llevaría: camisa blanca y lentes de sol colgados al cuello. Por su parte, el agente Patricio le reveló las características del agente Enrico. “Al Haití iría una persona de 1.67, de tez blanca, pelo negro lacio, y 45 a 47 años de edad”. En sus manos, un sobre de manila.
Una vez en el café, Barrios Coloma explicó su situación frente a una gaseosa y una grabadora que no supo distinguir. Estaba a punto de ser desalojado de su casa, y su economía familiar no era precisamente boyante. Pidió US$ 22 mil por la información entregada, y ofreció otros documentos que comprometían la seguridad del Perú. “El Plan de Acción Inmediata, los Procedimientos Operativos Vigentes, los cinco dígitos del elemento Clave 205 o cualquier otra información que se le solicitase”, agrega Sifuentes. Casi al finalizar el encuentro, el agente Enrico le entregó a Barrios Coloma unos documentos idénticos a los formatos XC-305 y XC-306. Eran copias.
El 6 de diciembre del mismo año, una tercera llamada hizo la contraoferta: US$ 11 mil por la información en juego. El 12 del mismo mes, una cuarta y última llamada a las 18:30 horas pactó la cita de entrega para el día siguiente, es decir, el 13 de diciembre. El intercambio se iba a llevar a cabo a las 14:00 horas dentro de una camioneta Bronco con placa XB 1836 pintada de negro con plateado, estacionada en la parte sureste del Parque Salazar, detrás de un kiosco. El agente Sergio (de más o menos 40 años, tez blanca, terno, gafas oscuras y bigote) llevó el dinero. US$ 11 mil previamente fotocopiados que servirían de prueba en el juicio posterior.
La captura se realizó en el mismo Parque Salazar. Aproximadamente a las 14:40 horas, Barrios Coloma fue detenido dentro de la camioneta, frente a la presencia de un fiscal de turno y un juez instructor de la zona judicial de la Marina de Guerra del Perú. Al elaborar el parte, se consignó que el alférez llevaba camuflado en su portaternos de plástico color azul el código operacional Chess edición 1980 (con número de registro 079) rotulado como “estrictamente secreto”, una copia del mensaje naval 122122 de diciembre de 1989 rotulado como expediente “secreto” y una tabla de sustractores para uso de la cadena numérica del Código Chess con la comunicación 1325 del año 1983 (número de registro 082), también “estrictamente secreto”. Además, había llevado el Plan Logístico inicial del Teatro de Operaciones Marítimo Colomar Nº 01-89, ejemplar 104, incluyendo el apéndice III del anexo de Movimientos de Cuadros Resumen. Encima, el alférez había ofrecido entregarles en otra oportunidad las pautas del abastecimiento logístico de las unidades y dependencias al momento de declararse un estado de emergencia ante cualquier ataque enemigo.
El acusado se declaró inocente ante el Consejo de Guerra Permanente de la Marina, en una audiencia pública que duró los siguientes cuatro meses. El 20 de marzo de 1990, Barrios Coloma fue condenado a 28 años de prisión por traición a la patria. Más de cuatro meses antes de que el entonces (y actual) presidente García fuera sucedido en el cargo. (Carlos Cabanillas)
Teléfono Malogrado
Extractos de las conversaciones entre el espía y sus captores.
(En el café Haití)
–¿Enrico?
–Señor Barrios, ¿qué tal? Tome asiento…
–¿Usted sabe quién soy?
–Bueno, un colaborador.
–En realidad, soy oficial de la Marina. Pero ¿qué seguridad me da de que no me va a pasar nada?
–Nosotros sabemos aprovechar las cosas y no delatamos a nadie, tú debes saber cómo son estas cosas.
–Yo tengo temor, mire, cuando hablé con Patricio…(…) en la segunda noté claro que la conversación estaba intervenida.
–Nada de eso. Nosotros sabemos cuidar de esas escuchas clandestinas. Además tomamos las medidas del caso.
–Pero, ¿cómo sé yo que no estoy cayendo en una trampa y en estos momentos puedo ser detenido?
(Última llamada telefónica)
–Ahora no sé a qué hora podemos encontrarnos.
–Dos de la tarde, ¿está bien?
–Dos de la tarde, perfecto, dos de la tarde. La persona que va a hacer el contacto es el señor Sergio.
–Ya (…)
–Y va a tener un fólder similar al que tuvo Enrico.
–Ya, oye, la vez pasada tenía el fólder, tenía engrapado mi nombre. Por favor…
–¿Perdona?
–La vez pasada ese fólder tenía un papel engrapado con mi nombre.
–Papel engrapado con su nombre.
–Con mi nombre. Es un error. No me parece justo, realmente, que arriesguen de esa manera mi identidad. Por favor…
Seguridad Nacional, ¿Qué es Eso?
El reciente descubrimiento de un espía en las filas de la FAP llevó a una situación de tensión en nuestras siempre complejas relaciones con Chile, motivando propuestas de todo tipo, desde las que reclamaban el empleo de las reservas nacionales para mejorar nuestras capacidades defensivas hasta las que indicaban que América Latina debía renunciar al armamentismo. Lo cierto es que dejaron percibir no solo la endémica improvisación peruana en temas de seguridad nacional, sino su lamentable estrecha visión, que reduce el tema a los aspectos de equipamiento militar.
Para lograr un adecuado nivel de seguridad nacional se requiere de una política de estado, que revisándose periódicamente oriente y vincule los esfuerzos de la política exterior, de la política de defensa y de los mecanismos de inteligencia del estado. Pero lamentablemente, en países cortoplacistas, como en muchos aspectos lo es el nuestro, dichas políticas, cuando existen, son usualmente inconexas. El resultado son propuestas de desarme o de adquisiciones de sistemas sin consultar a las partes que debieran estar involucradas en las decisiones.
Naturalmente, la existencia de una política de seguridad nacional no es, por sí sola, garantía suficiente para alcanzar un nivel de seguridad deseable. Se requieren medios humanos y materiales para ponerla en ejecución. Los segundos, referidos a sistemas de armas, plataformas o equipos, se han ido tornando cada vez más complejos, y no es ningún secreto que en ese aspecto estamos realmente atrasados. Con submarinos que van a cumplir cuarenta años de servicio, con tanques diseñados hace ya medio siglo, y con aviones de combate a los que los que el tiempo ha pasado la cuenta, resulta comprensible el reclamo de algunos por la renovación del material militar. Sin embargo, este es un tema que hay que mirar con cuidado para no volver a cometer los mismos errores del pasado lejano y reciente. Es decir, comprar equipamiento de segunda mano a precios de oportunidad que dan como resultado equiparse con medios de defensa que resultan incompatibles entre sí. O, lo que es peor, comprar bajo la presión de una crisis, pagando sobreprecios por material muchas veces inadecuado. En tal sentido, hay que entender que lo sensato es renovar de manera regular el material, entendiendo que el proceso de selección, construcción y equipamiento de determinadas plataformas militares puede demandar hasta una década.
Pero lo más sensible está en los medios humanos que deben dirigir la seguridad nacional y sus componentes. Son pocos los expertos en temas de seguridad nacional, y la universidad peruana, que debería asumir el reto de formarlos, no está cumpliendo el papel que le corresponde. Una masa crítica de expertos en esos temas es lo que facilitaría elaborar y conducir políticas coherentes, asesorando a los políticos que tengan la responsabilidad de ejecutarlas. Por otro lado, no podemos negar que el mal manejo del sistema de inteligencia nacional durante el gobierno de Fujimori llevó a su práctica destrucción, liquidando en ese proceso a “tirios y troyanos”, vale decir tanto a gente valiosa como a los corruptos. Como resultado tuvimos una inteligencia estratégica sensiblemente debilitada, que viene trabajosamente recomponiéndose. En el campo de la defensa se ha venido produciendo un significativo deterioro en la calidad de sus recursos humanos, particularmente en la captación de nuevos cuadros para el cuerpo de oficiales, que es el que al final del día tiene la responsabilidad de dirigir los medios que la nación adquiera para su defensa. Esta situación responde a los poco atractivos salarios que ofrece la carrera militar, que en las últimas décadas ha llevado a la reducción del número de postulantes a las escuelas militares, así como a las ineficiencias propias de nuestro sistema escolar. La situación se agudiza por la cada vez más reducida inversión en su capacitación, tanto en esas escuelas como en las de especialización y en las de estudios superiores. Sus plantas académicas son casi inexistentes, y la enseñanza recae en profesores contratados por lo general carentes de grado doctoral. Sus bibliotecas apenas merecen tal nombre, la investigación es usualmente limitada y mucho menos publicada. Esto contrasta de manera notable con lo que sucede con el cuerpo diplomático, que ha logrado mantener una captación y una formación de calidad. (Escribe: Jorge Ortiz Sotelo*)
