Historia :::: El trunco plan aprista para derrocar a Manuel Odría. En ese momento, Haya de la Torre se encontraba asilado en la embajada de Colombia. Se opuso al plan.

Historia :::: El trunco plan aprista para derrocar a Manuel Odría. En ese momento, Haya de la Torre se encontraba asilado en la embajada de Colombia. Se opuso al plan.

El Complot de Perón
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Haya “señalaba sus dudas acerca de la eficacia de un convenio cualquiera con cualquier dictador”.

El líder del APRA cumple sesenta años y los lugartenientes pugnan por sucederlo. No se trata de Alan García y la cúpula en disputa por la candidatura presidencial. Es Víctor Raúl Haya de la Torre asilado en la embajada de Colombia a fines de 1952, con el partido clandestino y los sucesores en el exilio.

El período de la embajada acaba de ser revivido con la donación de un busto de Haya de la Torre esculpido por Macedonio de la Torre y dispuesto a la entrada de la legación diplomática.

Además, dos libros aparecidos recientemente se encargan de poner bajo el reflector aquellos años. El primero es “¡Usted fue aprista!: bases para una historia crítica del APRA” del sociólogo Nelson Manrique. El segundo es la nueva edición de “Víctor Raúl, el Señor Asilo”, escrito por el presidente del Congreso, Luis Alva Castro.

Uno de los pasajes más interesantes del libro de Manrique es el que narra la organización de los apristas proscritos fuera del país mientras Haya vivía confinado en la embajada y un plan trunco para derrocar al dictador Manuel Odría con el apoyo de Juan Domingo Perón.

“En general”, sostiene, “los testimonios apristas aluden a los conflictos partidarios solo oblicuamente. Luis Alberto Sánchez (LAS) es uno de los pocos que habla de disputas y se refiere en distintas oportunidades a Manuel Seoane como la cabeza de la posición radical contra la cual él se enfrentaba, pero insiste siempre en que a ambos los unía una gran amistad”.

Seoane encabezaba a quienes creían que la supresión de la intentona revolucionaria del 3 de octubre de 1948 eliminó las posibilidades apristas de llegar al poder. Otros como LAS consideraban “que aquella traición había interrumpido nuestra marcha normal, arrojándonos a la época de las catacumbas sin haber hecho mérito alguno”. El evento motivó la proscripción del partido y el asilo de Haya de la Torre en la embajada de Colombia, que se prolongaría hasta 1954, cuando le fue permitido salir expulsado a México.

El “Cachorro” Seoane tomó al búfalo por las astas y lideró un grupo de apristas instalados en Santiago y Buenos Aires. Manrique recuerda que pretendían que “un general amigo del partido” se tumbe al gobierno de Odría. Para ello buscaron el concurso nada menos que del dictador argentino. Armando Villanueva del Campo, por entonces exiliado en Chile, ha reconocido que el “movimiento revolucionario” también incluía al boliviano Víctor Paz Estenssoro.

“Existían vínculos entre los apristas y personajes del entorno de Perón”, escribe Manrique. “José Barsallo Burga, un militante aprista, tenía inclusive relaciones personales con el general argentino”.

En noviembre de 1952 la dirigencia aprista se reunió en Buenos Aires para el encuentro con Perón.

LAS llegó hasta allá pero veía las tratativas con reservas. En carta a Haya de la Torre le dice que “el Sr. Perón empezó apoyando al Sr. Odría. Su desengaño es fruto del desarrollo (de) aquel contubernio, en que el señor Odría prefirió el apoyo del capitalismo norteamericano al del Sr. Perón. Si bien es cierto que debemos aprovechar de esta circunstancia, no debemos olvidar su calidad de ‘circunstancia’, que no compromete el fondo mismo de nuestra doctrina”.

Aislada de los gringos, Argentina tenía problemas con el suministro de petróleo. Odría también se negó a vendérselo, justo cuando el país conseguía su primera cosecha luego de varios años de sequía.

Sin saber, aparentemente, de las conversaciones, Haya escribía a LAS a principios de ese mismo noviembre de 1952. La reveladora carta se incluye en el libro de Alva Castro. “Al cabo de 30 años ahí estamos y por ahí nos están siguiendo… todos los movimientos avanzados indoamericanos –unos frustrados como el ABC cubano, otros desviados como el peronismo, otros larvados–, todos sin confesarlo, son Aprismo”.

Seoane pareció convencer a Perón durante la reunión. El golpista sería el general Juan de Dios Cuadros, que conspiró con los apristas en 1948 y huyó a Ecuador. Villanueva también participó y escribiría medio siglo más tarde que “Perón tal vez nos miraba como a unos ilusos. Él quería petróleo y nada más. Nos preguntó quién sería el jefe. Recuerdo que comparó a los militares con los pescados, porque se pudren por la cabeza. Y luego agregó: ‘Un general no abandona ni entrega el poder’. En este caso hay que liquidar al general”.

Sánchez, que finalmente no acudió al cónclave con el generalísimo, recibió entonces correspondencia de Haya, recluido en la residencia de la avenida Arequipa. “Esa carta, de veras histórica, empezaba diciendo que él se había negado a escuchar a un alto funcionario argentino que fue a la embajada de Colombia en Lima para proponerle algo parecido; señalaba sus dudas acerca de la eficacia de un convenio cualquiera con cualquier dictador, ya que éstos suelen realizar su voluntad según les parece”. En la mencionada carta del libro de Alva Castro, Haya recuerda que “la idea germinal aprista que envuelve a todas las anteriores es la de la libertad con pan, la justicia social sin dictadura”.

El proyecto se desplomó de todos modos poco después, cuando, aprovechando un viaje de Perón a Santiago, el entusiasta Seoane le organizó un encuentro con los apristas que vivían allí. La información de la conjura se filtró a la prensa peruana y Odría respondió tendiéndole una rama de olivo al argentino: le vendería petróleo. Y hasta allí llegó el cuento. La convivencia entre el odriísmo y el APRA sería una realidad cuatro años después.

Manrique critica los virajes ideológicos de Haya de la Torre a lo largo de su vida. Es una interesante puesta al día del debate en torno al supuesto y progresivo conservadurismo que se fue tomando al fundador del partido. Casi como si el APRA fuera precisamente comparable al peronismo, donde las ideas eran meras excusas intercambiables para sostener la carrera política del jefe que, a los ojos del autor, fracasó al morir sin llegar al poder.

La hipótesis motivó un rico debate en las columnas de opinión, donde el sociólogo Martín Tanaka y los historiadores Antonio Zapata y Hugo Vallenas refutaron la premisa de fondo. Podría argumentarse que el propio Haya se defiende desde las cartas que rescata Alva Castro, con armas que van desde la relativización de la dialéctica hegeliana hasta la mención de la conversación con un diplomático estadounidense que le reconoce a Haya que “la rectificación de la política de Estados Unidos con América Latina se debió en mucho a la obra de ustedes, de su resistencia”.

Faltaba un cuarto de siglo para la muerte de Haya, pero éste ya se sentía “al filo de la última etapa de la vida”. Luego, le escribe a Luis Alberto Sánchez, “ustedes quedarán y quedarán los más impacientes, pero que no caigan en eso tan criollo que es glorificar muertos cuando ya no sirven sino para discursos”. Un deseo que, según la trinchera, podría dirigirse tanto al fetichismo hayista como al sugestivo desmenuce conceptual practicado por Manrique. (Enrique Chávez)

Seguridad :::: Los tanques chinos bajo fuego graneado.

Seguridad :::: Los tanques chinos bajo fuego graneado.

Dragones Chinos
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Ministro de Defensa Rafael Rey confirmó la compra de un número indeterminado de tanques chinos MBT 2000.

El desfile de tanques chinos en la parada militar en el Campo de Marte la semana pasada trajo más ruido que el paso de sus orugas por el pavimento. Los cinco MBT 2000 chinos exhibidos son un prototipo bajo prueba por el Ejército peruano. Vamos a ver si sobrevive el fuego graneado de que han sido objeto. Menos mal de tinta, por el momento. El ex ministro del Interior del gobierno de Toledo, Fernando Rospigliosi, llegó a afirmar que la anunciada compra es un absurdo: la geografía peruana no es propicia para tanques. Una tesis revolucionaria. El comandante del ejército Otto Guibovich lo desmintió. Lo cierto es que se trata de unidades francamente baratas: US$ 5 millones, en contraste con los Leopard alemanes de los chilenos. Nuestros vecinos del Sur han reforzado sus divisiones blindadas con la compra de 136 Leopard 2A4 y otros 140 Leopard 1V, punta de lanza de un contingente blindado de cerca de un millar de unidades, en los últimos años, un incremento inquietante.

Los armatostes estarían protegidos con un blindaje a prueba de las más ácidas críticas.

Los tanques chinos no son precisamente de lata. De acuerdo a Jane’s, organización especializada en defensa, los tanques MBT 2000 son la tercera generación de unidades blindadas fabricadas por China. Pakistán ha desarrollado el modelo Khalid, que si bien no ha sido probado aún en combate, por tratarse de un país con capacidades nucleares, y en permanente tensión con India, no anda precisamente regateando en cuanto a material bélico. De acuerdo al coronel EP Julio Cassaretto, responsable del equipo que seleccionó a los blindados chinos, el MBT 2000 está provisto de complejos sistemas láser de defensa, que facultan al blindado para responder automáticamente con fuego graneado al ser blanco de láser de rastreo enemigo que precede a un ataque, y de un cañón de 125 mm de “ánima lisa” que le permite disparar cuatro tipos de municiones, entre ellos un misil con alcance de 5 kilómetros, superior a los Leopard de 3.5 kilómetros. Las ametralladoras antiaérea y coaxial están integradas a una computadora balística que mide la distancia exacta del objetivo. El blindaje de los MBT 2000 chinos sería otra verdadera obra de ingeniería: compuesto y reactivo. Según el general Guibovich la selección de los tanques chinos se basó en un criterio elemental: que sean iguales o mejores que sus rivales. El Ejército ya ha evaluado los alemanes Leopard 2 A6, los rusos T90S, los ucranianos Oplot y los polacos PT-91. Sin embargo “la prueba de fuego” para la selección sería que su blindaje resista a los proyectiles perforantes de los Leopard, consignó EFE. Por cierto, nadie en su sano juicio pretende que estas ventajas sean puestas a prueba en el campo de batalla, al menos en esta parte del Pacífico Sur, por más que Obama sostuviera, al recibir el Premio Nobel de la Paz, la semana pasada, que hay guerras justas.

Corrupción :::: Acta judicial de “chuponeo” no registra el material filtrado por la prensa en los últimos meses.

Corrupción :::: Acta judicial de “chuponeo” no registra el material filtrado por la prensa en los últimos meses.

Audios Que Faltan
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Martínez aceptó dictamen ampliatorio de fiscal Walter Milla. Mucho material no fue registrado.

Hace dos meses, una declaración del presidente del Congreso, Luis Alva Castro, remeció las investigaciones en el caso de “chuponeo” de la empresa Business Track. Entonces el titular del Legislativo advirtió que supo que, durante las visualizaciones y escuchas del material incautado, “hay un magistrado que reconoce conversaciones, y dice: hagamos un secreto de esto, que no se haga pública la información”.

Entonces Alva Castro presionaba al Poder Judicial para que el Parlamento pudiera acceder a la totalidad de discos duros y USB incautados a los presuntos “chuponeadores”. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, defendió los fueros de la jueza María Martínez y sostuvo que, mientras el proceso fuera reservado, ella podría determinar cuál era el material enviado al Congreso.

Resulta que las graves palabras de Alva Castro podrían resultar proféticas.

Después de tener por más de un mes el expediente judicial, el Ministerio Público (MP) remitió a la jueza María Elena Martínez sus conclusiones luego de determinar la comisión de nuevos delitos y ampliar la relación de los perjudicados por interceptación de comunicaciones. La jueza Martínez refrendó este documento y firmó el acta judicial donde quedan registradas todas las conversaciones escuchadas y correos leídos durante las audiencias.

El problema es que la noticia no es lo que está, sino lo que falta.

Hasta el momento se ha revisado todo el material incautado a los marinos Martín Fernández Vírhuez, Jesús Ojeda Angles, Jesús Tirado Seguín y Manuel Ponce Feijoo. Queda pendiente el material de Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados y BTR.

Resolución de la jueza María Martínez solo considera a 10 nuevos agraviados por el chuponeo realizado a Quimper Herrera de sus conversaciones telefónicas. No se incluye a ningún magistrado.

A lo largo de los últimos meses, CARETAS y otros medios accedieron a información sobre lo escuchado y visualizado en las audiencias. Fuentes de primera mano, tanto entre los abogados defensores como importantes voces de la Fiscalía y el PJ, parecían dispuestas a brindar información que evitara que la advertencia de Alva Castro se hiciera realidad.

¿Cuáles son los grandes ausentes, al menos de lo sabido hasta ahora, del informe judicial?

Los recibos del ex ministro Francis Allison. Cuando CARETAS publicó la información en su edición 2096, fue consignado que los recibos de las sospechosas “asesorías jurídicas” fueron visualizados por la jueza Martínez en la audiencia del 9 de septiembre. Luego se supo que el Congreso también contaba con la información contable de BTR, pero la comisión dirigida por Oswaldo Luízar la había recibido de manos de instituciones bancarias, no de la Fiscalía ni el Poder Judicial.

Los audios de los jueces y Alberto Quimper. CARETAS 2098 publicó el 1 de octubre parte de esta información, mencionada también ese mismo día por el diario La República. La audiencia dirigida por la jueza Martínez fue la del día 17 de septiembre. Villa Stein negó tajantemente la existencia de esos audios y el episodio provocó el aludido enfrentamiento con el Congreso. Días después, el 20 de octubre, La República y Perú.21 dieron a conocer un insistente rumor que circulaba por las redacciones: una reunión en Palacio de Gobierno realizada el martes 13 de octubre, según La República “con agenda reservada”. Además del presidente Alan García, asistieron Villa Stein, el premier Javier Velásquez Quesquén, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara, y la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. En la nota se lee: “El presidente García les habló de su preocupación por los enfrentamientos públicos entre el Congreso, el PJ, el TC y la Fiscalía por el tema de los audios y la necesidad para el país de terminar con esa situación. Por este motivo les pidió ponerse de acuerdo y encontrar una solución a sus diferencias”. Por el contrario, Alva Castro hizo la grave advertencia descrita al principio de este artículo.

El caso del juez Ferreira: En ese contexto, el diario Correo publicó el 18 de octubre un extracto de un audio entre Roger Ferreira Vildózola, entonces vocal supremo provisional, y Quimper Herrera. “Tu casito está positivo, ¿cómo es?”, le habría dicho el abogado al supremo. Ferreyra negó la existencia de una conversación así, aunque admitió una llamada telefónica. A los tres días renunció a la judicatura. El Poder Judicial emitió un extraño comunicado en que le aceptaba la renuncia pero negando que durante las audiencias se hubiera escuchado un audio semejante.

Chuponeo político: CARETAS 2101 dio cuenta que, en las audiencias de la segunda semana de octubre, emergió un importante paquete que comprometía las comunicaciones –audios y correos– de Ollanta Humala y su cúpula de colaboradores durante la campaña del 2006. La noticia llegó de una fuente judicial del más alto nivel y fue corroborada por otras personas ligadas al proceso. Al día siguiente el diario La República añadió que los correos de Martín Belaunde y Nadine Heredia habían sido intervenidos por BTR. Un mes antes, el periodista Gustavo Gorriti publicó el primer volumen de “Petroaudios” y allí informó por primera vez del tema.

os audios Quimper-Miró Quesada: Como muestra un botón. Esta revista tiene copias de tres audios encontrados en el disco duro de Ponce. Corresponden a dos conversaciones entre Alberto Quimper y Beatriz Miró Quesada (hija de Aurelio Miró Quesada), ambas registradas el 24 de junio del 2008, y otra conversación entre Quimper y José Antonio Miró Quesada, presidente del directorio del grupo El Comercio, producida el 8 de mayo de ese mismo año. Es conocido que Quimper prestaba asesoría legal a parte de la familia. ¿Por qué entonces esos audios no aparecen en el informe de la jueza Martínez ni los Miró Quesada son incluidos como agraviados por BTR?

Todos los intentos para obtener una versión del Poder Judicial no recibieron respuesta. En otras ocasiones, la jueza Martínez ha respondido a los cuestionamientos de la prensa pero aquí subsisten las preguntas. No se sabe, por ejemplo, si esta es el acta definitiva o si la jueza podría incluir en una posterior los casos anteriormente citados. Tampoco se entiende bien cuál podría ser la motivación para dejarlos por fuera.

Por el Ministerio Público respondió el fiscal Mateo Castañeda Segovia, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. “Hay algunos elementos que no se tomaron en cuenta porque una cosa es la trascendencia periodística y otra la cuestión de elemento de prueba. Eso lo deciden entre el juez y el fiscal, qué casos se agregan a la cuestión probatoria. Si por ejemplo hay un audio que dice ‘cómo es’, sugiere una cuestión de corrupción pero no es un elemento con el que se pueda denunciar a nadie. Si no están allí es porque el fiscal y el juez consideraron que no hay elementos probatorios”, declaró a CARETAS. Manifestó desconocer el tema del chuponeo electoral a Ollanta Humala.

El dictamen 145-2009, firmado por el fiscal Walter Milla López el 30 de noviembre último y refrendado por la jueza Martínez, determina que son 10 los nuevos agraviados por interceptaciones telefónicas y 80 las personas y entidades a las que se les ‘hackeó’ el correo electrónico, siendo casi 40 mil los e-mails que las visualizaciones en el Poder Judicial han podido identificar. Ante ello, la jueza Martínez amplió la acusación contra los procesados de BTR, esta vez por el delito de violación de la correspondencia

Los nuevos “chuponeados” son: la diplomática venezolana Virly Torres Curvelo, el ex presidente de la región Callao Rogelio Canchez Guzmán, la militante humalista Isabel Paiva Zárate, el broadcaster Genaro Delgado Parker, la ONG Grufides del padre Marco Arana de Cajamarca, la empresa AMBEV Perú, Agroindustria Laredo, el Estudio Quimper & Vélez abogados Asociados, el Estudio Bardales, Croci & Silva y el Estudio Linares Abogados. Estos nuevos nombres se agregaron a la lista encabezada por Rómulo León, Alberto Quimper, Cementos Otorongo y el Estudio García Sayán.

Los Interceptados

Son innumerables los correos electrónicos encontrados en las incautaciones de los procesados. La violación de la correspondencia, en este caso los e-mails, es penada con una pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con 60 a 90 días – multa, que equivalen a no menos del 25% de ingresos del acusado. Son diversos los personajes y entidades que sufrieron la violación de sus mail, entre ellos: Alan García, Rómulo León, Alberto Borea, Francisco Soberón, Aníbal Quiroga, César Nakazaki, Fernando Tuesta, Fernando Rospigliosi, Hiroshi Aritomi, Javier Valle Riestra, José Antonio García Belaunde, Luciana León, Luis Alva Castro, Luis Delgado Aparicio, Mario Díaz Lugo, Raúl Ortecho, Rolando Souza, Rómulo León hijo, Javier Diez Canseco, Jorge del Castillo, María del Pilar Tello, Remigio Moralez Bermúdez, Ricardo Letts, Sally Bowen, Mariella Balbi, Eduardo Hochschild, Revista CARETAS, Estudio Quimper Abogados, Foro Democrático, Aprodeh, DEMUS, entre otros.

Actualidad :::: Gobierno mete el pie en el acelerador en la accidentada geografía social amazónica.

Actualidad :::: Gobierno mete el pie en el acelerador en la accidentada geografía social amazónica.

Llanta Bagua
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Lunes 14. El premier Javier Velásquez Quesquén llegó hasta Bagua en pleno debate por informe final sobre la masacre del pasado junio.

El premier Javier Velásquez Quesquén viajó hasta la ciudad de Bagua el pasado lunes 14 para inaugurar una sede del Banco de la Nación. Viajó acompañado del ministro de Salud, Óscar Ugarte, que anunció que los pobladores de esa provincia, además de la de Condorcanqui en Amazonas y Datem del Marañón en Loreto, serán incorporados al Aseguramiento Universal de Salud.

La ofensiva del gobierno precedía la presentación del documento final de la comisión investigadora de los terribles sucesos de Bagua del pasado 5 de junio, donde murieron 23 policías y 10 civiles. El informe se dará a conocer el domingo 20.

Los preparativos no estuvieron libres de controversia. La hermana María del Carmen Gómez, representante de los indígenas, anunció que se retiró de la comisión y que no firmaría el informe final por considerar que no esclarece los hechos. El Instituto de Defensa Legal consiguió una copia del supuesto informe preliminar que incomodó a la religiosa y que, básicamente, consiste en una cronología de hechos que acusa a misioneros de Jaén de editar un DVD en el que se observa que los nativos golpean y arrastran al mayor Felipe Bazán, desaparecido hasta hoy, en la Curva del Diablo.

En el documento se lee que: “Los misioneros de Jaén mantienen una sistemática información unilateral para los indígenas de la zona, han promovido, apoyado y acompañado medidas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policías y nativos”.

La comisión respondió de inmediato con un comunicado de prensa en el que “desconoce cualquier documento alcanzado a terceros a nombre de ésta. El único documento es el informe final que se presentará en la fecha determinada”. Sin nombrarla, critica a la hermana Gómez: “El trabajo en una comisión de esta naturaleza exige madurez, profesionalismo, ética y confidencialidad. Respetamos las opiniones individuales y/o divergentes, pero el trabajo en equipo requiere confianza, diálogo y lealtad entre sus integrantes”. El comunicado fue firmado por el presidente de la comisión, Jesús Manacés Valverde, y sus miembros: las ex ministras Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Ricardo Álvarez y Manuel Bernales. También negaron que en el video mencionado, que tiene el rótulo del Vicariato de Jaén, se pueda establecer plenamente que Bazán sea uno de los dos policías capturados por los indígenas. La información está en manos de la Fiscalía.

Una fuente de la hermética comisión insistió en que el famoso informe preliminar no era más que una “colección de ideas”.

El primer ministro pidió desde Bagua que “no hay que adelantarse, hay que esperar las conclusiones con mucha serenidad, esas conclusiones de la investigación irán al pleno de la Mesa Nacional de Diálogo el 27”, anotó. En Chiriaco, Amazonas, utilizó un discurso parecido al que otros tienen para las relaciones bilaterales con Chile: “Les he dicho que hay una agenda del pasado que debemos dejar ir, esa agenda de la incomprensión y del conflicto. Hay otra agenda, del futuro, que estamos comenzando a desarrollar y está en función de fundar la paz como un escenario favorable para el desarrollo de los pueblos”. Pero el de este fin de semana podría ser un domingo de resurrección para el episodio más dramático en lo que va del gobierno.

Policiales :::: Cuadernillo incautado a delincuente muerto puede arrojar importantes luces sobre el caso de presunto escuadrón de la muerte.

Policiales :::: Cuadernillo incautado a delincuente muerto puede arrojar importantes luces sobre el caso de presunto escuadrón de la muerte.

Trujillo: La Agenda Norteña
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Un fantasma ronda Trujillo. Y en este caso no es de uno de los delincuentes que caen regularmente abatidos en la convulsa ciudad de la eterna primavera. Es el espectro de la agenda que perteneció a uno de ellos.

El caso de un presunto escuadrón de la muerte viene dando vueltas desde octubre del año pasado, cuando el programa de César Hildebrandt reveló que el Ministerio Público investigaba la muerte de varios criminales, supuestamente caídos en enfrentamientos con la Policía. CARETAS cubrió el caso en su edición 2052. Más recientemente, el periodista Ricardo Uceda tocó el tema en la revista Poder.

En el centro de la controversia está el coronel PNP Elidio Espinoza, jefe del escuadrón de emergencia de esa ciudad.

El lunes 14, el director de Investigaciones Administrativas y Disciplinarias de la Inspectoría de la Policía Nacional, general Mauro Medina Guimaraes, ordenó realizar una investigación reservada para dar con la existencia de la reveladora agenda que, según todas las sospechas, le fue incautada a un delincuente muerto conocido como “Gordo Piero” y se encuentra en poder de Espinoza.

La información preliminar con que cuenta el general Medina consiste en que la agenda consigna presuntos pagos de soborno realizados a jueces, fiscales y policías de la ciudad norteña. El perfecto salvoconducto para un policía que se mueve en las brasas del infierno trujillano.

Según un informe remitido por el propio Espinoza al despacho del director general de la policía, general Miguel Hidalgo, de las 23 investigaciones en su contra realizadas por el Ministerio Público, 16 fueron archivadas y 6 sobreseídas en la instancia judicial. Queda pendiente el Caso 5682-2007, donde la fiscal Rosa Vega Luján solicita cadena perpetua para el coronel Elidio Espinoza y otros 9 policías por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Secuestro Agravado y Abuso de Autoridad en agravio de cuatro presuntos delincuentes.

Según Uceda, la mayoría de investigaciones han sido archivadas gracias al Decreto Legislativo 982, expedido en julio del 2007, que exime de responsabilidad penal a los policías que “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muerte”. La racha de muertos comenzó al mes siguiente de la promulgación.

El 30 de enero del 2008, Elidio Espinoza dirigió la intervención que terminó con la vida de Piero Paoli Zavaleta, alias “Gordo Piero” y Luis Alberto Vargas Alfaro, “Negrasho”. Eventualmente, se trató de una de las 16 investigaciones archivadas.

El sábado 5, CARETAS mantuvo una primera conversación telefónica con Espinoza a través del celular de un policía compañero amigo suyo que labora en el Ministerio del Interior. Entonces reconoció la existencia de la agenda y que, de hacerse pública, generaría un escándalo.

Luego, el martes 8, brindó mayores detalles sobre las características de la agenda. Si bien primero negó su existencia, luego reconoció los detalles. CARETAS publica un extracto de la conversación realizada off the record en virtud de la gravedad de la situación y la investigación ya iniciada por la Policía:

¿Qué delincuente era el dueño de esta agenda y los chips telefónicos?
El ‘Gordo Piero’… Piero Paoli Zavaleta.

¿Cuántos magistrados y fiscales estaban en su agenda?
Ahorita ya no recuerdo, eso sería traer…

Coronel, necesito elementos.
La Valdiviezo.

Valdiviezo, ¿quiénes más?
Los cuatro (fiscales) que estaban en la zona.

¿Y dónde ha sido la intervención?
La intervención ha sido en La Rinconada.

¿Y cuántas páginas tenía esta agenda?
Era un cuadernillo.

¿Un cuadernillo de cuántas páginas?
Unas cincuenta páginas.

Los fiscales que saben son la Valdiviezo y ¿quién más?
Las que estuvieron en la intervención esa. Ahorita no me recuerdo.

Pero son cuatro fiscales, ¿no?
Patricia Pérez era una de ellas.

¿Y en esa agenda se describía los cupos de todos los magistrados y fiscales que recibían por parte del Gordo Piero?
Había de todo pues, hasta policías y abogados. Y todos los que ya tú conoces.

¿Y cuál fue el destino de esa agenda, coronel?
No, eso ya pues pasa al olvido. Quiero dejarlo allí el incidente.

El jueves 10, CARETAS conversó vía teléfono con la aludida fiscal adjunta Patricia del Carmen Pérez Calderón. Ella negó la existencia de la agenda y contó que en la tarde del 30 enero del 2008, el coronel Espinoza los convocó a la comisaría luego de la intervención que culminó con la muerte de los delincuentes “Gordo Piero” y “Negrasho” en un inmueble ubicado en la calle Las Pomas en la Urbanización La Rinconada en Trujillo. Reveló que las fiscales Claudia Pilar Valdiviezo y Maribel Flores Mantilla fueron las encargadas de levantar las actas de todo lo incautado por la Policía en la casa del “Gordo Piero”

El martes 15, el congresista Álvaro Gutiérrez convocó a una conferencia de prensa. Insistió en la existencia de un Escuadrón de la Muerte dirigido por Espinoza y entregó documentos de una investigación realizada por el jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de Trujillo, coronel Carlos Edgardo Mesía Nieto. Según las pesquisas, Espinoza elaboró 84 notas de inteligencia dando cuenta de la existencia de 215 bandas criminales integradas por 523 personas. De estas, 200 no están en los registros de Reniec.

Por ejemplo, el reporte de Espinoza del 18 de noviembre último da cuenta del operativo policial denominado “Impacto”, realizado en las inmediaciones de la avenida Miguel Grau en El Milagro, que culminó con la captura de Marco Antonio Cabrera Rojas (29), alias “Perrasho”, y Carlos Enrique Pajares Ramos, alias “Kike”, integrantes de la banda delincuencial denominada “Los Colectiveros”. El reporte policial fue analizado por el jefe de Identificación Criminalística, comandante Julio Américo Manay Barrera, y se descubrió que Marco Antonio Cabrera Rojas era un menor de 6 años con residencia en Cajamarca, según el archivo magnético del Reniec. El otro “detenido” no existe.

El informe del coronel Mesía, presentado con oficio N° 1538-2009 ante el director de la III Dirtepol de Trujillo, general Raúl Becerra Velarde, advierte que la presunta desarticulación de las bandas delincuenciales realizadas por el coronel Espinoza entre junio y noviembre de este año son ficticias, porque fueron elaboradas con el propósito de inflar la producción del ranking nacional que realiza la Dirección General de la Policía. El ministro del Interior Octavio Salazar anunció que investigará la denuncia del congresista Gutiérrez.

Mientras tanto, Trujillo sigue consumiéndose por la criminalidad. Según el Observatorio del Delito de Trujillo, en el mes de noviembre se han reportado 10 asesinatos, 250 asaltos a mano armada, 1,500 robos “al paso” y 3 mil actos de intimidación.

Representantes de diversos sectores de esa ciudad conminaron en los últimos días al gobierno aprista a frenar los crímenes, asaltos, secuestros y golpizas que sufren quienes se niegan a pagar extorsiones de bandas ilícitas.

Un sondeo de opinión, elaborado por la Universidad Antenor Orrego con la participación de 540 personas, establece que el 74% de los trujillanos temen ser víctima de un asalto. Un 61% considera que la delincuencia es el mayor problema de la ciudad. Según la última encuesta nacional de Apoyo, un preocupante 47% aprueba la existencia de escuadrones de la muerte.

El Sistema Integrado de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) reveló que mientras en el año 2000 todos los casos delictivos sumaron 165,641, este año que aún no termina ya se han cometido 2’062,636 delitos. De estos, más de 75 mil son contra la vida, el cuerpo y la salud, una cifra que va en aumento exponencial desde el 2005 (ver recuadro).

La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, se opuso al proyecto de ley que sanciona a los jueces y fiscales que demoran intencionalmente los procesos judiciales, aduciendo déficit de personal en su institución. “Entre jueces y fiscales en todo el país, somos 5 mil para 28 millones de habitantes y un índice delictivo cada vez mayor. Es decir, no crecemos en la misma proporción en que crece la población y la delincuencia. Por eso, aunque trabajemos las 24 horas del día, no lograremos nunca cumplir con los tiempos, que además son acortados en lugar de dar normas con plazos reales que permitan una investigación adecuada”, dijo el viernes 11 en Chiclayo. El norte sigue aguantando el castigo. (Información de Abilio Arroyo)