Archivo para febrero 19, 2010
Los medios y la política
Los medios y la política
Por Sinesio López Jiménez
El poder está en el cerebro de las gentes y el que logre conquistar sus mentes ha ganado la batalla política. Esta es la tesis central que Manuel Castells desarrolla en un reciente libro (Comunicación y Poder, Alianza Editorial, 2009, 679 pp.) que tendrá, sin duda, un gran impacto en el campo de las ciencias sociales como han tenido algunos de los 23 libros que ha escrito hasta ahora. Este bien pudiera ser el IV tomo de su libro monumental The information age: Economy, Society and Culture (Vol. l. The Rise of the Network Society, Vol. II. The Power of Identity y Vol. III. End of Millenium) publicado por Blackwell Publishers en 1997. Castells analiza, en efecto, las características y el funcionamiento del poder, del Estado y la política en lo que él denomina la sociedad red global.
La naturaleza y las fuentes del poder no han cambiado: violencia y discurso, coacción y persuasión, dominación política y enmarcado cultural. Se ha modificado, en cambio, el contexto en el que operan las relaciones de poder: la relación entre lo global y lo local y su organización en redes. La revolución más importante se ha producido, sin embargo, en el campo de las comunicaciones en la era digital que (mediante el intercambio de información) incide decisivamente en uno de los componentes del poder: los significados. Estos ya no se reciben solo en forma unidireccional (propia de la comunicación de masas tradicional de los diarios, la radio y la TV) sino también en forma interactiva en lo que Castells llama autocomunicación de masas (propia de la comunicación inalámbrica del Internet y el celular). Estas formas de comunicación más la interpersonal coexisten, interactúan y se complementan entre sí “en un hipertexto digital, interactivo y complejo…” (p. 88).
Castells examina cuatro tendencias en la configuración organizativa e institucional de los medios: la concentración creciente de la propiedad, la oferta de diversos productos en una plataforma y de un solo producto en diversas plataformas, la segmentación de las audiencias y las economías de sinergia óptima de las redes internas de los medios. Muestra asimismo la red global de redes de medios en gigantes multinacionales (NewsCorp, TimeWarner, etc.) y analiza las políticas reguladoras, los ámbitos de regulación (difusión, prensa escrita, Internet y redes de telecomunicación), las áreas de regulación (contenido, propiedad y servicios) que atraviesan los ámbitos y las diversas instituciones reguladoras. Estas gigantes redes de medios están articuladas a redes empresariales y a redes financieras constituyendo nodos que despliegan diverso tipo de relaciones con los Estados y con los partidos políticos.
La comunicación requiere códigos comunes que provienen de la cultura. Castells propone “dos grandes ejes bipolares: la oposición entre globalización e identificación y la brecha entre individualismo y comunalismo” (p. 166) para organizar una tipología de los patrones culturales actuales: el consumismo de marca (producto de la globalización y el individualismo), el cosmopolitismo (resultado de la globalización y el comunalismo), el individualismo en red (producto de identificación e individualismo) y el multiculturalismo (cruce del comunalismo con la identificación). Para que estos diversos modelos culturales puedan comunicarse es necesario elaborar un conjunto de protocolos de comunicación que permiten la inteligibilidad y forman la nueva esfera pública en la sociedad red.
Pese a que “la caperucita Internet encuentra a los feroces lobos corporativos”, la comunicación inalámbrica ha logrado multiplicar y diversificar el proceso comunicativo y conquistar una enorme autonomía de los sujetos comunicadores en la producción e intercambio de significados. Gracias al Internet y al celular se acabó el monopolio de la radio, la prensa y la TV y se ha formado un espacio alternativo de construcción política. Lo veremos el 2011.
Caldo de choros
Caldo de choros
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La realidad vergonzosa del sistema judicial peruano.
Me ratifico en lo sostenido ayer en esta columna: todas las señales de podredumbre que siguen emergiendo de las principales entidades que conforman la administración judicial en el Perú constituyen, en conjunto, una buena noticia pues, al menos, ayudarán a incrementar la indignación ciudadana por el hecho de contar con una justicia que es una verdadera vergüenza.
Anteayer no más, se conoció que el juez Raúl Rosales dio un volatín triple para retroceder en su decisión –que ya era extraña– de incorporar a Javier Ríos Castillo –el ‘ampayado’ en la sala privada del restaurante Fiesta con el factótum aprista Agustín Mantilla– como miembro del Tribunal Constitucional.
La sorpresa sería mayor cuando, ayer, la revista Caretas publicó la fotografía del mismo juez Rosales apuntándole con una pistola al reportero gráfico Carlos Saavedra, mostrándolo como, sin duda, un magistrado de armas tomar.
El mismo día, el diario El Comercio denunció que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el licenciado en enfermería Javier Anaya, quiso coimear a Tomás Gálvez para favorecerlo en el concurso para nuevos fiscales supremos.
Historias como las de ayer del pistolero y el cutrero, o la de anteayer de la jalada a Avelino Guillén, son pan de cada día en el sistema judicial peruano que indignan pero que no debieran sorprender a nadie, menos a una opinión pública cuya desconfianza en la justicia es de tres de cada cuatro ciudadanos.
En la justicia peruana hay mujeres y hombres íntegros, honestos, capaces y valiosos. Tengo la suerte de conocer a algunos de ellos, y sé de su esfuerzo en condiciones que no suelen ser favorables. Pero sé, también, de su profunda indignación por tener que compartir el oficio con mucha gente deleznable que Al Capone no los habría contratado por temor a que lo estafen y que se venden por menos de un plato de lentejas o, como se vio no hace mucho, una bolsa de chifles y unos pocos dólares.
Es grave la constatación para ellos, y para el país en su conjunto, incluyendo a los empresarios honestos que deben ver –con pavor– que la justicia en el Perú se parece a una subasta al mejor postor, que las personas que debieran sancionar los delitos y combatir la corrupción actúan como si su guía espiritual fuera don Corleone o Vladimiro Montesinos. Hay, sin duda, gente honesta en la justicia peruana, pero su problema –y vergüenza– es que deben aprender a nadar contra la corriente y a sortear las olas de un inmenso caldo de choros.
El problema de fondo es que los que debieran ser los principales impulsadores de una verdadera reforma judicial –como muchos políticos– no lo hacen porque el sistema actual les conviene, y porque siempre andan buscando cómo raspar el concolón de la olla.
Juez Raúl Rosales apuntó con “arma de guerra” a fotógrafo de la revista Caretas
Juez Raúl Rosales apuntó con “arma de guerra” a fotógrafo de la revista Caretas
Amenaza a la prensa. El magistrado que pretende reponer en el TC a Javier Ríos. Reportero gráfico fue a su casa a tomarle unas fotos, y el magistrado reaccionó apuntándole con una pistola automática nueve milímetros.
César Romero Calle.
La destitución y tratamiento psiquiátrico para el juez Raúl Rosales Mora solicitó ayer el director de la revista Caretas, Marco Zileri, por la irresponsable actitud de este magistrado al apuntarle con una pistola a Carlos Saavedra, reportero gráfico de dicha revista.
Horas después, el juez Rosales dijo en una radio local que se trataba de una arma de guerra, una pistola 9 milímetros que tiene desde que laboraba en la Marina. Rosales fue teniente 1º del Cuerpo Jurídico de la Marina.
Rosales es el juez constitucional que ordenó la incorporación al Tribunal Constitucional del abogado Javier Ríos Castillo. Por este motivo, los periodistas de la revista Caretas quisieron tomarle unas fotos y entrevistarlo.
El viernes 12 de febrero solo pudieron hablar por teléfono con él. El juez indicó que para declarar debía tener autorización del presidente de la Corte de Lima, César Vega.
Ante esta situación, el sábado 13, la revista envió a Carlos Saavedra, uno de sus más experimentados fotógrafos, a la casa del magistrado, en Lince, para tomarle una instantánea. Saavedra es el fotógrafo que tomó la primera foto de Vladimiro Montesinos en 1983.
El juez Rosales sí. Según la Dicscamec, Rosales tiene tres armas: una pietro beretta de 7.75 milímetros, una pistola automática 9 mílimetros y un “rifle” calibre 38 de uso policial.
Cuando el juez salió de su casa, a las 11.30 de la mañana, Saavedra empezó a tomarle fotos desde la acera de enfrente. El magistrado lo llamó para que se acerque, recuerda Saavedra. Al acercarse, el juez, dijo en la radio, le tomó fotos y luego le apuntó con la pistola.
El reportero gráfico le increpó: ¿No se da cuenta de lo que está haciendo usted, apuntándome con una pistola? Pero el magistrado siguió con el arma en la mano.
Peligro latente
Ayer, Rosales Mora, en una nota emitida a través de la oficina de prensa de la Corte de Lima, indicó que “ante la falta de seguridad ciudadana que vive el país, los jueces están expuestos a sufrir atentados, más aun si se tiene casos sensibles y delicados por resolver”.
Para respaldar su versión, adjunta una constancia de la comisaría de Lince suscrita por el suboficial Santos Rentería Balcázar, a quien pidió auxilio ante la supuesta presencia a inmediaciones de su domicilio de una persona desconocida. El policía llegó cuando todo había pasado y recibió la versión de Rosales Mora.
Pero el documento policial confirma la versión de Saavedra. El juez en todo momento supo que la persona que le tomaba fotos era un periodista. Tampoco hubo un inminente peligro que justificara la acción del juez.
El hecho de que el juez también le tomara fotos a Saavedra demuestra que no sintió ninguna amenaza. “Además, se evidencia que el juez tiene el dedo índice en el gatillo”, remarcó Zileri.
Hasta donde se sabe, el juez Rosales no ha denunciado ante sus superiores que haya recibido amenazas contra su seguridad personal, que justifiquen su excesivo celo personal.
Protesta
Periodistas. El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas protestaron por la actitud del juez Raúl Rosales de apuntar con una pistola automática al fotógrafo Carlos Saavedra.
Consejo. “Ademanes de un magistrado, como el expuesto, conllevan una especial gravedad; por lo que exigimos al presidente del PJ, al jefe de la OCMA y al presidente del CNM, establezcan las sanciones correspondientes”, precisó el Consejo de la Prensa Peruana, que viene pidiendo se investigue casos de asesinatos de periodistas.
reacciones
“Es lamentable lo que ha sucedido y lo reprocho. Una autoridad judicial no puede, aun teniendo licencia para portar arma, amenazar a un periodista“.
Luis Alva Castro
Presidente del congreso
“Este señor ha demostrado, en mi opinión, que no tiene condiciones psicológicas para portar armas. Es un tema que el Poder Judicial debe evaluar”.
Javier Bedoya
Congresista y dirigente PPC
“Esto (la amenaza) significa que no tiene ninguna condición, según la Ley Orgánica, para ser juez e, incluso, ha incurrido en el delito de abuso de autoridad”.
Yonhy Lescano
Secretario gral. Acción Popular
·Definitivamente tienen que intervenir los órganos de control (…) esto nos lleva a pensar qué pasa en nuestra sociedad, con jueces armados como en el viejo oeste”.
Daniel Abugattás
Congresista partido Nacionalista
Juez Raúl Rosales apuntó con “arma de guerra” a fotógrafo de la revista Caretas
Juez Raúl Rosales apuntó con “arma de guerra” a fotógrafo de la revista Caretas
Amenaza a la prensa. El magistrado que pretende reponer en el TC a Javier Ríos. Reportero gráfico fue a su casa a tomarle unas fotos, y el magistrado reaccionó apuntándole con una pistola automática nueve milímetros.
César Romero Calle.
La destitución y tratamiento psiquiátrico para el juez Raúl Rosales Mora solicitó ayer el director de la revista Caretas, Marco Zileri, por la irresponsable actitud de este magistrado al apuntarle con una pistola a Carlos Saavedra, reportero gráfico de dicha revista.
Horas después, el juez Rosales dijo en una radio local que se trataba de una arma de guerra, una pistola 9 milímetros que tiene desde que laboraba en la Marina. Rosales fue teniente 1º del Cuerpo Jurídico de la Marina.
Rosales es el juez constitucional que ordenó la incorporación al Tribunal Constitucional del abogado Javier Ríos Castillo. Por este motivo, los periodistas de la revista Caretas quisieron tomarle unas fotos y entrevistarlo.
El viernes 12 de febrero solo pudieron hablar por teléfono con él. El juez indicó que para declarar debía tener autorización del presidente de la Corte de Lima, César Vega.
Ante esta situación, el sábado 13, la revista envió a Carlos Saavedra, uno de sus más experimentados fotógrafos, a la casa del magistrado, en Lince, para tomarle una instantánea. Saavedra es el fotógrafo que tomó la primera foto de Vladimiro Montesinos en 1983.
El juez Rosales sí. Según la Dicscamec, Rosales tiene tres armas: una pietro beretta de 7.75 milímetros, una pistola automática 9 mílimetros y un “rifle” calibre 38 de uso policial.
Cuando el juez salió de su casa, a las 11.30 de la mañana, Saavedra empezó a tomarle fotos desde la acera de enfrente. El magistrado lo llamó para que se acerque, recuerda Saavedra. Al acercarse, el juez, dijo en la radio, le tomó fotos y luego le apuntó con la pistola.
El reportero gráfico le increpó: ¿No se da cuenta de lo que está haciendo usted, apuntándome con una pistola? Pero el magistrado siguió con el arma en la mano.
Peligro latente
Ayer, Rosales Mora, en una nota emitida a través de la oficina de prensa de la Corte de Lima, indicó que “ante la falta de seguridad ciudadana que vive el país, los jueces están expuestos a sufrir atentados, más aun si se tiene casos sensibles y delicados por resolver”.
Para respaldar su versión, adjunta una constancia de la comisaría de Lince suscrita por el suboficial Santos Rentería Balcázar, a quien pidió auxilio ante la supuesta presencia a inmediaciones de su domicilio de una persona desconocida. El policía llegó cuando todo había pasado y recibió la versión de Rosales Mora.
Pero el documento policial confirma la versión de Saavedra. El juez en todo momento supo que la persona que le tomaba fotos era un periodista. Tampoco hubo un inminente peligro que justificara la acción del juez.
El hecho de que el juez también le tomara fotos a Saavedra demuestra que no sintió ninguna amenaza. “Además, se evidencia que el juez tiene el dedo índice en el gatillo”, remarcó Zileri.
Hasta donde se sabe, el juez Rosales no ha denunciado ante sus superiores que haya recibido amenazas contra su seguridad personal, que justifiquen su excesivo celo personal.
Protesta
Periodistas. El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas protestaron por la actitud del juez Raúl Rosales de apuntar con una pistola automática al fotógrafo Carlos Saavedra.
Consejo. “Ademanes de un magistrado, como el expuesto, conllevan una especial gravedad; por lo que exigimos al presidente del PJ, al jefe de la OCMA y al presidente del CNM, establezcan las sanciones correspondientes”, precisó el Consejo de la Prensa Peruana, que viene pidiendo se investigue casos de asesinatos de periodistas.
reacciones
“Es lamentable lo que ha sucedido y lo reprocho. Una autoridad judicial no puede, aun teniendo licencia para portar arma, amenazar a un periodista“.
Luis Alva Castro
Presidente del congreso
“Este señor ha demostrado, en mi opinión, que no tiene condiciones psicológicas para portar armas. Es un tema que el Poder Judicial debe evaluar”.
Javier Bedoya
Congresista y dirigente PPC
“Esto (la amenaza) significa que no tiene ninguna condición, según la Ley Orgánica, para ser juez e, incluso, ha incurrido en el delito de abuso de autoridad”.
Yonhy Lescano
Secretario gral. Acción Popular
·Definitivamente tienen que intervenir los órganos de control (…) esto nos lleva a pensar qué pasa en nuestra sociedad, con jueces armados como en el viejo oeste”.
Daniel Abugattás
Congresista partido Nacionalista
Cruzada por Guillén
Cruzada por Guillén
El Instituto de Defensa Legal está haciendo circular un pronunciamiento a favor del fiscal Avelino Guillén a fin de que no concrete su renuncia al Ministerio Público. Quien desee suscribirlo, envíe su nombre y DNI a beatriz@idl.org.pe o nelida@idl.org.pe, o llame al 6283484.
CNM suspende concurso
CNM suspende concurso
De jueces y fiscales supremos. Por denuncias de corrupción e irregularidades. Consejeros decidieron no continuar con la entrevista personal de candidatos mientras no se reconforme Comisión de Selección y Nombramiento.
César Romero/María Elena Castillo.
El proceso de selección y nombramiento de cinco nuevos magistrados supremos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fue herido ayer de muerte ante una denuncia de posible corrupción, lo que obligó a la suspensión de dicho proceso hasta nuevo aviso.
En este sentido, se suspendió hasta marzo la última prueba selectiva: la entrevista personal que debía realizarse del 22 al 26 de febrero. Es posible que luego se anule todo.
Adicionalmente, el consejero Efraín Anaya quedó excluido del proceso de Selección y Nombramiento, a su propia solicitud, ante la denuncia que hiciera el postulante y fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez.
“Acá se elige a los magistrados por su poder político o por su poder económico. ¿Cuál de los poderes tiene? Creo que usted no tiene el primero, pero sí el segundo”, le habría dicho Anaya a Gálvez, en un aparente pedido de incentivo económico.
El pleno acordó poner ese relato en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y el Congreso para que se investigue. En tanto, el concurso continuará luego que se reconforme el CNM y la comisión de Selección y Nombramiento.
Efraín Anaya formaba parte de dicha comisión, que preside el consejero Francisco Delgado de la Flor. Este consejero y el doctor Edwin Vegas concluyen su mandato en el CNM este 28 de febrero.
El CNM decidirá la continuidad del proceso de selección cuando se incorporen los nuevos consejeros elegidos por las universidades, Gastón Soto Vallenas y Luis Maezono, a partir de este 1º de marzo.
Calificación de exámenes
Pero el caso Gálvez-Anaya no es lo único que pone en riesgo la continuidad de este proceso de selección y nombramiento. También está la denuncia de Avelino Guillén, fiscal del caso Fujimori, sobre su descalificación, durante el examen escrito, por su participación en la lucha anticorrupción.
Y podría tener razón. Ayer empezaron a trascender los nombres de los catedráticos de derechos que calificaron los exámenes escritos de los postulantes, entre el 20 y 22 de diciembre.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) informó que la calificación estuvo a cargo de los abogados Raúl Ferrero Costa, Gleizer León y Mario Amoretti Pachas.
En tanto, fuentes del CNM indicaron a La República que también habrían participado, además, el juez de Lima Norte William Quiroz y el juez de Junín Iván Guerrero, a propuesta de Anaya.
Se calificaron los exámenes de 84 postulantes: 46 para jueces supremos y 38 para fiscales supremos. La participación de Amoretti, un reconocido y pulcro abogado, genera suspicacias porque ha defendido a acusados en el sistema anticorrupción, donde le tocó enfrentarse a Avelino Guillén.
Sin embargo, no es la primera vez que Amoretti participa en la revisión de los exámenes que toma el CNM, sin cuestionamientos. Amoretti explicó que los exámenes se identifican por códigos de barras, por lo que no puede saber si corrigió el de Guillén.
Aquí no termina el asunto. Otras irregularidades habrían sido advertidas por Delgado de la Flor, en diciembre pasado, una semana antes de tomarse el examen escrito.
Falta de requisitos
La fiscal María Loayza Gárate advirtió que varios candidatos declarados aptos no cumplían con el artículo 151 de la Carta Magna, que exige como requisito haber aprobado cursos en la Academia Nacional de la Magistratura.
En esta situación estaban los fiscales Virginia Alcalde Pineda, Tomás Gálvez Villegas, Luz Ibáñez Carranza, Alejandro La Madrid Ubilluz, José Pereira Rivarola y Segundo Vitery Rodríguez.
La respuesta que le dieron era que la nueva Ley de la Carrera Judicial y el nuevo reglamento, aprobado en octubre, permitían a los fiscales presentarse al concurso en condición de abogados, que tienen otros requisitos y no los cursos de la Academia.
Ante esto, la fiscal Loayza Gárate habría decidido no dar el examen y retirarse del concurso por considerar que el proceso no ofrecía las garantías necesarias.
Por toda esta situación, como ha planteado el fiscal Avelino Guillén, el CNM haría bien en iniciar de nuevo todo el proceso con mayor transparencia.
Nuevo presidente del CNM
El CNM paralizó el proceso de selección y nombramiento de magistrados supremos, pero continúa con la ratificación de jueces y fiscales a nivel nacional. Igualmente con los procesos disciplinarios.
Uno de los temas en el que el CNM tendrá que pronunciarse por estos días es el proceso disciplinario a los jueces supremos Francisco Távara y Javier Solís por su viaje a París.
La composición del CNM se renovará este año. En marzo ingresan dos nuevos consejeros en reemplazo de Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas. En junio se nombrarán a otros 3 consejeros y en agosto dos más.
En marzo debe reconformarse la Comisión de selección y nombramiento. Igualmente se nombrará un nuevo presidente del CNM en reemplazo del doctor Carlos Mansilla.
César Hildebrandt
César Hildebrandt
Columnista
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Jueces apristas
El juez Raúl Rosales Mora –el de la carátula de “Caretas”- ha dado en el blanco: es la imagen perfecta de la judicatura peruana.
Con un añadido: es la imagen perfecta de la judicatura fraguada en Alfonso Ugarte 1012, el domicilio del APRA.
Hay un antiguo entendimiento, casi venéreo, apasionado siempre, entre el APRA y el poder judicial.
Como desde finales de los años 50 del siglo pasado el APRA no pudo tener novelistas ni poetas –toda su “inteligencia” se fue a la izquierda-, entonces el viejo partido de Haya se dedicó a fabricar jueces. Fabricando jueces, como es sabido, se tiene una clave del poder.
Los hizo en la horma de algunas tradicionales Universidades del norte y, más tarde, según el modelo de la Universidad del Centro, fundada por el APRA de Huancayo y apadrinada desde siempre por don Ramiro Prialé.
Años después, esa Universidad central tuvo un vástago limeño que se llamó “Federico Villarreal”.
Yo deambulé alguna vez por esas aulas y me pasaba el día conversando de poesía y musarañas, mirando a una chica maravillosa que cojeaba y hablando con un español sabio -de los más sabios que conocí- llamado Fermín Valverde, un especialista en sintaxis que había sido cura franquista y que había dejado el Vaticano por una Boliviana que bien valía todas las sotanas del mundo y con quien se casó y fue feliz.
En la Villarreal había una maquinaria que no paraba nunca y esa era la de la Facultad de Derecho, que no cesaba de fabricar abogados dispuestos a todo. Dispuestos a ser jueces, para empezar. A ser jueces en un tiempo en el que ningún abogado de éxito quería ser juez (dada la paga formal que se ofrecía).
Hasta de noche funcionaba “Derecho”, con aulas repletas de angurrientos y profesores de calvas aceitosas y grandes voces que reverberaban con la megafonía.
Eran los tiempos en que el Búfalo Pacheco, embajador plenipotenciario del APRA, reinaba a hebillazo limpio en los patios del “claustro”. Y fue la época en que el decano de Educación, Eugenio Chang, protagonizó un incidente extravagante en la puerta de la facultad.
Sucedió que su esposa lo conminó, a la intemperie, a que tomara una decisión. Y lo hizo no sólo en público sino en presencia de la manzana de la discordia, una señorita que daba la impresión de haber ganado la batalla antes de librarla.
Bueno, de esas usinas villarrealinas del derecho (y de otras con el mismo sello partidario) salieron los jueces como Raúl Rosales Mora: disciplinados, lóbregos, impropios.
Se les veía felices en el palacio de justicia –esa mole afrancesada, ese puterío con citas en latín-,
en su tinta junto a sus secretarios, en su hábitat frente a miles de expedientes cosidos. Parecían haber nacido allí.
Y, desde luego, eran parte de la maquinaria de poder del APRA. Eran parte del otrosí aprista: si votas por mí, no olvides que podrás contar con la benevolencia institucional de nuestros jueces.
Una de las pocas cosas buenas que ocurrió a principios de los 90 fue que se barriera con parte de esa red. Claro, en ese momento nadie imaginó que Fujimori era el gánster que llegaría a ser y que la judicatura aprista sería reemplazada, a la larga, por el Chino Rodríguez Medrano y su banda.
Lo cierto es que en el año 2001, cuando los Rosales Mora fueron restituidos por la transición democrática, pocos repararon en el hecho de que esa reivindicación suponía también el regreso masivo del APRA al poder judicial. Retorno triunfal que hoy conoce su más vicioso resplandor.
De toda esa historia vienen estos gatillos, estos revólveres cargados, estas caras que merecen un prontuario, estas “valentías” de mafioso alanista.
Limpiar el poder judicial: otro punto de la agenda para el 2011.
César Lévano
César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
Magistrado y pistolero
Ventura García Calderón, en su ensayo Materiales para un discurso a la nación peruana, definió al Perú como el país del exceso, el milagro y la fábula. El juez Raúl Rosales Mora, quien apuntó con su pistola a Carlos Saavedra, fotógrafo de Caretas, confirmó lo de exceso.
Es caso único en el mundo, y la foto en que Rosales, con cara de pocos amigos, apunta a Saavedra circula ya por el planeta.
Es una vergüenza, merecidísima para un aparato judicial podrido desde la base hasta la cúpula, sobre todo por la impregnación aprista.
En conferencia de prensa brindada ayer por el semanario, se reafirmó que el reportero fue llamado por el juez, para amenazarlo, con el dedo en el gatillo listo para disparar.
No tiene sin duda límpida de conciencia el señor juez. El miércoles 10 había emitido una medida cautelar mediante la cual ordenaba al Congreso de la República que devolviera a Javier Ríos Castillo su nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional.
Ríos, quien había “declinado” el cargo después de que Caretas reveló, el 14 de junio de 2007, que un día antes de su designación por el Congreso se había reunido con Agustín Mantilla, el montesinista Óscar López y dos militares en actividad en el restaurante Fiesta de Miraflores.
Rosales tiene su historia. La SUNAT le reprocha haber impedido, mediante otra medida cautelar, el cobro de una millonaria deuda tributaria al Club Universitario de Deportes. Caretas recuerda que hace dos años lo denunciaron por despachar con una pistola sobre el escritorio.
Ríos, el protegido de Rosales, es otra joya. Ha ganado, con curiosos apoyos judiciales, incluso en el Tribunal Constitucional, un juicio para que la Universidad “Ricardo Palma” le pague 700 mil dólares.
Que tiene amigos en el Tribunal Constitucional, está demostrado. El viernes último, el día en que se informó de la medida cautelar dictada por Rosales, se reunió en esa institución con Juan Vergara Gotelli, presidente del Tribunal.
La amistad entre ambos es intensa. Por algo Ríos visitó a Vergara el 5 de noviembre de 2009, y el 8, 11 y 12 de enero de este año.
Ríos conversó también con Gerardo Eto Cruz, otro miembro del Tribunal, dos veces en octubre último, dos en noviembre y tres en enero de este año. Con Carlos Mesía Ramírez, también del Tribunal, conversó el 4 de noviembre y el 13 de enero.
Dato: Carlos Saavedra, el fotógrafo que captó la imagen de Rosales cuando éste le apuntaba, es el mismo que consiguió la foto de Vladimiro Montesinos cuando éste era un personaje más misterioso que conocido.
Montesinos hizo detener a Saavedra en la comisaría que entonces existía en la avenida Colonial, cerca de Faucett; pero el Ministerio del Interior ordenó su libertad.
También esa vez la foto de Saavedra fue carátula de Caretas.
Denuncian nacionalistas. Fujimoristas están de acuerdo en eliminar cédula viva a policías y militares.
Denuncian nacionalistas. Fujimoristas están de acuerdo en eliminar cédula viva a policías y militares.
Gobierno chantajea con la cédula viva
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Denuncian que sólo para chantajear sacan el tema de la cédula viva.
DETALLE
El vocero del Grupo Parlamentario Fujimorista, Rolando Sousa, dijo ayer que su grupo político se inclina por la eliminación progresiva de la cédula viva para militares y policías en un lapso no mayor de cinco años. Sousa precisó que dicha eliminación debe ser parte de la reestructuración de la escala salarial de ese sector.
La vocera de la bancada nacionalista, Marisol Espinoza, dijo ayer a LA PRIMERA que plantear la derogatoria de la cédula viva para militares y policías es un chantaje del gobierno que quiere aplicar un “golpe bajo” a los uniformados por reclamar aumentos de sueldos y pensiones.
“La cédula viva es un derecho ganado por los policías y militares, y decir que se va eliminar porque de esa forma se podrá aumentar los sueldos de los efectivos en actividad es un ardid que busca dividirlos, es un cuentazo como el que nos quiere hacer creer la ministra Mercedes Aráoz al asegurarnos que no hay dinero suficiente en la caja fiscal. ¿Eso qué quiere decir? ¿que no hay plata? Entonces la ministra de Economía ha mentido al país diciendo otra cosa”, aseveró.
Espinoza exigió a la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, mostrar el Plan de Reestructuración de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estudia el gobierno, porque nadie lo conoce “no vaya a ser un engaño más”.
Hay incapacidad por parte del Estado para cobrar. Sucede que cuando los grupos económicos de poder solicitan exoneraciones se les otorga, pero cuando las fuerzas del orden piden aumentos para tener una mejor calidad de vida, porque se lo merecen, no hay dinero, indicó.
Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también se opuso a la derogatoria de la cédula viva porque es un mecanismo creado debido al régimen especial de trabajo en las Fuerzas Armadas y la Policía; así como a la existencia de los pases al retiro anticipados. En tal sentido, pidió que el Congreso no la elimine.
Montoya refirió que la reestructuración de la escala salarial para los efectivos militares y policiales constituye un mecanismo viable para reflotar la Caja, ya que se incrementarán las aportaciones de manera significativa.
Juez desaprobado el 2002 sacó de carrera a Guillén
Juez desaprobado el 2002 sacó de carrera a Guillén
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(1) Juez William Quiroz Salazar. (2) Fiscal Avelino Guillén.
DETALLE
El año 2002 William Quiroz fue retirado del Poder Judicial por bajo rendimiento, cuando era presidente de la Corte Suprema el vocal Hugo Sivina. Luego regresó y ahora evalúa el desempeño de jueces y fiscales que aspiran a cargos de superiores y supremos.
William Quiroz del Cono Norte, recomendado por cuestionado consejero Anaya, reconoció ser uno de los evaluadores sin rostro. CNM evalúa anular concurso para elegir fiscales supremos.
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Carlos Mansilla, dijo ayer que ese organismo no publicará los nombres de los juristas que evalúan a los jueces y fiscales que aspiran a ocupar cargos de superiores y supremos, pero LA PRIMERA ubicó a uno de estos “evaluadores sin rostro”. Se trata del magistrado William Quiroz Salazar, quien despacha en LA PRIMERA Sala Penal Transitoria de la Corte de Justicia del Cono Norte de Lima.
Quiroz reconoció en conversación con este diario que, siendo magistrado en actividad, ha participado en el actual proceso de evaluación de jueces y fiscales. Según fuentes judiciales, fue el cuestionado consejero Efraín Anaya quien propuso al referido vocal del Cono Norte ante el CNM para que forme parte del equipo que evalúa a los candidatos.
Quiroz reconoció que el CNM lo contrata por su amplia experiencia como docente en materia penal, pero no quiso revelar cuánto le paga esa institución por la labor que cumple. Luego detalló la labor que realiza. Explicó que los jueces y fiscales que postulan a cargos mayores presentan sus mejores trabajos como carta de presentación (fallos judiciales o denuncias fiscales que obtuvieron sentencias condenatorias resaltantes), y él es uno de los que examinan, opinan y valoran el trabajo de los postulantes casi al final del proceso de evaluación.
“Son como consultorías que hago en el proceso de evaluación, no lo puedo negar, pero quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con la elaboración de las pruebas, todo está reglamentado”, manifestó Quiroz en conversación con LA PRIMERA.
Luego alegó que no existe incompatibilidad de funciones entre ser magistrado en actividad y participar del proceso de evaluación de sus colegas jueces y fiscales. Tampoco quiso dar detalles de la evaluación realizada al fiscal Avelino Guillén. “Sólo soy contratado por el CNM por mi experiencia como docente”, remarcó.
Sin embargo, Quiroz está impedido de participar en la evaluación de fiscales y jueces porque la labor de juez es exclusiva y la única actividad paralela que pueden realizar los jueces es la docencia y sólo por 8 horas. Además, es cuestionable su participación dentro del proceso de evaluación porque luego el mismo CNM para el que trabaja lo evaluará cuando le llegue su momento.
Consultado al respecto, el abogado Heriberto Benítez dijo que esta nueva denuncia es una causal para que el proceso de evaluación de fiscales y jueces sea anulado. “El CNM debe explicar con qué criterio elige a los evaluadores, no puede ser que sus identidades sean desconocidas, el proceso debe ser investigado por el bien del concurso, debe primar la transparencia. La convocatoria de este año, definitivamente, puede caerse”, sostuvo Benítez.
Marcelo Puelles
Redacción
