“La derogatoria del DL 1097 es lo más saludable para el país”

“La derogatoria del DL 1097 es lo más saludable para el país”

Entrevista/Luis Bambarén. Ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El DL 1097 es una norma inconstitucional con nombre propio. Por tanto debe ser derogada, dice monseñor Bambarén.

Liliana Rojas.

Tras el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal y de diveros sectores de la sociedad en contra del DL 1097, ¿considera también que éste debe derogarse?

Es una gran cosa que se pronuncie la Conferencia Episcopal, pero los fiscales han ofrecido intervenir en esto para declarar la inconstitucionalidad del decreto. También se ha pronunciado en el mismo sentido la Defensoría del Pueblo. Nadie desea que alguien esté preso, pero tampoco que injustamente esté libre. Por ejemplo, (José Enrique) Crousillat aparecería en Buenos Aires tranquilamente mientras aquí fingía enfermedad. ¿Cuánta gente pobre no tiene la posibilidad de contar con la debida atención procesal? Que la justicia sea para todos.

¿Cree que el DL 1097 es una nueva versión de la Ley de Amnistía dada por Fujimori?

Parece que sí, por lo menos por las declaraciones del ministro (Rafael) Rey, esa es la intencionalidad.

¿No cree que esta norma debió haber sido debatida en el Congreso en vez de ser emitida por el Ejecutivo en virtud a las facultades que se le dio?

He escuchado a los políticos y muchos coinciden en la derogatoria de la polémica norma. Me gustó la posición del ministro de Justicia que incluso amenazó con su renuncia. Por lo pronto, él ha sido claro en que no va a favorecer al grupo Colina. ¿Cómo este grupo que ha cometido tantas muertes se va a acoger al decreto? Este es un decreto con nombre propio, de ninguna manera.

¿El DL 1097 es un retroceso en la lucha contra la impunidad?

Por supuesto. Es una inconstitucionalidad encubierta.

¿Cuál es el mensaje de la Conferencia Episcopal?

Está en la misma línea de la defensa de la vida.

¿En qué situación moral queda el país si se aplica el decreto?

Sería un golpe muy duro para las víctimas del terrorismo, especialmente porque han venido reivindicando las reparaciones por excesos de los militares. Es cierto que los militares se han jugado la vida por defender al país del terrorismo, pero también ha habido excesos como los cometidos por el Grupo (paramilitar) Colina.

Entre el derecho del agresor y el de la víctima, ¿cuál prevalece?

El de la víctima, por supuesto, pero con justicia. Es la justicia la que debe prevalecer. No podemos dar prioridad a unos delincuentes sobre otros que a lo mejor son inocentes pero que están en la cárcel y son pobres. La justicia debe llegar a todos por igual.

¿Qué llamado les haría a los jueces para responder con justicia ante el reclamo de las víctimas y los militares procesados?

El clamor que se ha manifestado públicamente es que este decreto no puede aplicarse de la manera como está planteado, sumamente cuestionado. Pido al Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, que tomen una posición.
¿Cuál es la posición que se debe adoptar respecto a este controvertido decreto?

Indefectiblemente, la derogatoria. Soy muy claro en eso.

¿Es el único camino?

Es lo más saludable para el país y para todos, sin atropellar los derechos de nadie. Que se haga justicia para todos por igual, que se derogue este decreto.

REACCIONES

“Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el DL 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú”.

Martin Scheinin
relator de ONU para protección de DDHH

“Este decreto es una tarjeta para ‘salir de la cárcel gratis‘ para individuos que han cometido atrocidades sistemáticas en contra de civiles. Es un mensaje equivocado para las fuerzas de seguridad, por eso le enviamos una carta al presidente García”.

Coletta Youngers
Investigadora afiliada a Wola

“Una declaración interpretativa no puede modificar una cláusula de la Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, no tiene el peso ni la entidad jurídica para hacerlo. Todas las violaciones de los Derechos Humanos deben ser juzgadas”.

Hugo Relva
Coordinador del Programa Justicia Internacional de Amnistía Internacional

“Hace 42 años se estableció la imprescriptibilidad para el crimen de genocidio y los crímenes de guerra. Al ratificar un tratado, lo que hace el Perú no es crear una nueva ley sino reconocer una norma internacional ya existente”.

José Zalaquett
Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

CIDH expresa preocupación por norma que archiva y prescribe delitos

CIDH expresa preocupación por norma que archiva y prescribe delitos

Decretos. Señala que existe el peligro de que cientos de crímenes queden en la impunidad. Comisión Internacional expresa su preocupación por la adopción en el Perú del DL1097.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por la dación del Decreto Legislativo Nº 1097 y exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para evitar que crímenes de lesa humanidad queden impunes
“La información disponible sugiere que (…) el Decreto Legislativo Nº 1097 podría implicar serios obstáculos para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos, algunos de los cuales han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó la CIDH.

Agrega que diversos tratados suscritos por el Perú declaran que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de normas excluyentes de responsabilidad impiden la investigación y sanción de responsables de violación de DDHH.

El dato

Human Right Watch. José Miguel Vivanco exhortó al presidente Alan García a derogar el DL 1097 y generar una verdadera reconciliación en el país.

El DL 1097 promueve la impunidad

El DL 1097 promueve la impunidad

RECLAMO. Fiscal de la Nación, obispos, parlamentarios de oposición y víctimas LO CUESTIONAN. Advierten que norma afecta la Constitución y diversos tratados internacionales que declaran la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.

César Romero.

La derogatoria del Decreto Legislativo 1097 reclamaron la Fiscalía de la Nación, la Conferencia Episcopal Peruana, partidos políticos, sobrevivientes y familiares de víctimas y organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos.
“El DL 1097 afecta normas constitucionales e internacionales y genera un trato personal, preferente y desigual con relación a los procesados por los mismos delitos, pero que no tienen la condición de militar o policial, alterándose sustancialmente las normas de procedimiento existentes, por lo que sería preferible su urgente derogatoria”, expresó el fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez.

Anotó que, en tanto eso no suceda, el gabinete de asesores de la Fiscalía de la Nación analiza el Decreto Legislativo con el propósito de interponer una demanda de inconstitucionalidad.

En el mismo sentido, la Conferencia Episcopal Peruana invocó “a las autoridades competentes y a la sociedad civil a buscar desde el diálogo y la reflexión la garantía del respeto a la vida y la debida sanción a todo acto que atente contra ella, sanción aplicada siempre desde la verdad de los hechos y con justicia”.

Y añadió: “Si bien es cierto la vida del agresor merece respeto, esto no debe traducirse ni entenderse como actos o situaciones que lleven a la impunidad de los delitos, más cuando se trata de delitos contra la vida misma y con la gravedad que revisten los delitos de lesa humanidad”, subrayaron los obispos peruanos.

En tanto, parlamentarios de la bancada del Partido Nacionalista, Unión por el Perú, Alianza Parlamentaria y Bloque Democrático presentaron ante al TC una demanda de inconstitucionalidad del DL 1097 pues, según manifestaron, permitiría dejar en libertad a varios procesados por violaciones de derechos humanos.

La demanda fue promovida por el legislador nacionalista Daniel Abugattás y obtuvo el respaldo de otros 36 parlamentarios.
“Esperamos que se aclare la posición definitiva sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, pues el DL 1097 es una herramienta peligrosísima para el ordenamiento jurídico”, dijo Abugattás.
Por su parte, Tomás Livias, sobreviviente de la masacre de Barrios Altos, y otros familiares de víctimas de violación de Derechos Humanos demandaron al gobierno que respete su derecho a recibir justicia y de reclamar sanción para los criminales, así como la derogatoria de la mencionada norma.

Pronta decisión

Tribunal. El presidente del TC, Carlos Mesía Ramírez, reconoció la iniciativa de la Bancada Nacionalista y aseguró que darán al país una respuesta jurídica con total autonomía e independencia frente al Gobierno y los demás interesados.

Pedido. Los abogados Gloria Cano de Aprodeh y Carlos Rivera del IDL pidieron al TC resolver la demanda de inconstitucionalidad del DL 1097 lo antes posible.

Santiago Martin pide libertad y archivo de Cantuta

El jefe del Destacamento de Operaciones Especiales “Colina”, Santiago Martín Rivas, y uno de sus lugartenientes, el agente Nelson Carbajal García, solicitaron al juez César Vásquez Arana el sobreseimiento (archivo) del proceso que se les sigue por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en aplicación del DL 1097.

Igualmente, demandaron que se les levante la orden de detención que pesa en contra de ellos y se les conceda comparecencia en una instalación militar, como señala el mencionado decreto. Según fuentes judiciales, Martin Rivas presentaría similar pedido en los procesos por el asesinato de la familia Ventocilla y el crimen de Mariella Barreto.

En el juicio por Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, donde el lunes último pidió también el DL 1097, ya tiene libertad. Aunque ya se dictó una sentencia por el caso La Cantuta, el jefe de Colina no pudo ser juzgado en su oportunidad por la protección que le brindó el fuero militar.

Lucha anticorrupción: esperado deslinde del Congreso

Lucha anticorrupción: esperado deslinde del Congreso
Viernes 10 de Setiembre del 2010

La lucha anticorrupción aparece, indefectiblemente, en todos los discursos de las campañas políticas, así como en la instalación de las mesas directivas del Congreso y en la apertura del año judicial. Y cada semana los políticos y funcionarios prometen “luchar a muerte” contra esta lacra.

Sin embargo, la realidad es que la lucha anticorrupción sigue siendo una muletilla en los discursos. Según el informe presentado al Congreso por el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, “seis mil millones de soles se van por el caño por culpa de la corrupción” y 1.306 funcionarios del Estado denunciados por inconducta siguen laborando en entidades públicas.

¿Alguien se asombra? Esto es gravísimo, porque demuestra que la corrupción sigue fuertemente arraigada en la estructura del Estado. Así lo evidencian, por ejemplo, la renuencia de ciertos funcionarios a convocar licitaciones, el facilismo para proceder a declarar emergencias y urgencias con lo que se saltan estos procedimientos y, en cuanto a algunos ciudadanos, la errónea idea de que es mejor un alcalde que haga obra aunque robe.

En este contexto, no bastan ya las promesas ni las iniciativas anticorrupción, con zares o sin zares, que con tanta pompa se lanzan periódicamente, quizás con buena intención de algunos, pero que finalmente, quedan en el olvido o el archivo.

Lo que el país exige, por su propia supervivencia y saneamiento moral, son medidas concretas orientadas a luchar contra esta lacra que nos carcome y puede dinamitar cualquier expectativa de crecimiento económico y llegada de más inversiones.

La corrupción, en los ámbitos gubernamental, congresal, judicial, ministerial o edilicio, además de amenazar la estabilidad y la seguridad jurídica, introduce nefastos elementos de inequidad e injusticia, pues finalmente construirá una obra no quien presente la mejor propuesta sino quien pague más por una coima. Dicha obra, por supuesto, no cumplirá de ninguna manera los estándares técnicos ni los fines para los que estaba planificada.

Esta situación de estropicio moral, social y económico no puede continuar y exige deslindes claros. Al respecto, el Poder Ejecutivo tiene que tomar muy en serio la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para no callar y hacer de la transparencia en los asuntos públicos la regla y no la excepción.

El Poder Judicial, a su turno, está obligado, como prometió su presidente, a informar a la ciudadanía sobre las declaraciones juradas de sus magistrados y sobre las sanciones a quienes sucumben a la corrupción. Lo mismo debe hacer el Ministerio Público.

El Congreso, por su parte, que tiene una especial y enorme deuda con la nación en este ámbito –por la sospechosa falta de resultados en los casos ‘petroaudios’ y ‘chuponeo’–, debe ponerse a la altura de las circunstancias y atender el pedido del contralor para otorgarle a dicha entidad los instrumentos legales necesarios para sancionar efectivamente a los malos funcionarios.

De otro modo, el trabajo de la contraloría será en vano, pues el esfuerzo por investigar y fiscalizar se topa con la indolencia de las autoridades y la carencia de atribuciones para sancionar y castigar las inconductas dolosas que saquean el Estado y promueven un clima perverso, fétido e intolerable de robo y corrupción.

García hace proselitismo

García hace proselitismo
Afirma que acepta que “compañero Pastor sea nuevamente candidato por San Martín”. CompartirEnviar.En plena ceremonia de inauguración de un tramo carretero en la región San Martín, el presidente Alan García hizo proselitismo político y lanzó como candidato a la reelección al legislador aprista Aurelio Pastor, quien justamente salió elegido por dicha zona del país.

Olvidándose que debe mantener la neutralidad sobre todo cuando encabeza actos oficiales, el mandatario afirmó que San Martín “necesita de buenos y batalladores” congresistas para defender los derechos e intereses de este pueblo.

En el estrado, al lado de García, un muy sonriente y complacido Pastor escuchaba los elogios. Atrás había quedado el distanciamiento entre ambos por el triste papel que desempeñó como ministro de Justicia durante el escándalo por el indulto al empresario José Enrique Crousillat. Incluso, en marzo pasado, el propio García había reconocido que la relación con su ex ministro no era la “más fluida” tras su salida del Gabinete. “Supongo que él continuará dentro del partido”, dijo en aquella oportunidad.

Seis meses después, dedicó varios minutos de su discurso a hablar bien del parlamentario. “Escucho los conceptos de Pastor, que dice, con toda razón, que debemos concluir las carreteras y la electrificación (…), necesitamos luz, seguridad pública, más agua potable y para eso necesitamos también buenos personeros, buenos representantes y acepto que nuestro compañero Aurelio Pastor sea nuevamente candidato por San Martín, como le corresponde”, expresó el jefe de Estado.

En la ceremonia, además, reiteró que, hasta el último día, su gobierno continuará ejecutando las obras a favor de los más pobres y garantizó que la mencionada región estará totalmente integrada al sistema eléctrico nacional el próximo año.

Conferencia Episcopal cuestiona decreto 1097

Conferencia Episcopal cuestiona decreto 1097
Jurista César Azabache compara norma del Ejecutivo con Ley de Punto Final, de Argentina. Cuatro bancadas del Congreso piden al TC que declare inconstitucional el dispositivo. CompartirEnviar.La Conferencia Episcopal Peruana demandó que el cuestionado decreto legislativo 1097 –que beneficia con el sobreseimiento a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos– “no debe traducirse ni entenderse como actos que lleven a la impunidad, más cuando se trata de delitos contra la vida y con la gravedad que revisten los delitos de lesa humanidad”.

A través de un comunicado firmado por su presidente, monseñor Miguel Cabrejos, la Conferencia Episcopal recordó que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad “constituye el reconocimiento jurídico de la garantía que el Estado le debe a la sociedad en la aplicación de la debida sanción a este tipo de delitos y en la defensa al derecho a la vida y a su integridad como principio fundamental de todo el orden normativo del Perú”.

Pero no fue la única preocupación expresada por instituciones nacionales. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, precisó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, “cualquiera sea la fecha en que se cometieron”, por lo que, indicó, “el Estado “tiene el deber ineludible de investigarlos y juzgarlos”.

OTRO PUNTO FINAL. En otro análisis, el jurista César Azabache comparó, en diálogo con este diario, el polémico decreto legislativo con la tristemente célebre Ley de Punto Final, aprobada en 1986 por el ex presidente argentino Raúl Alfonsín, para dar término a los procesos que se les seguía a los militares que perpetraron violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Por su parte, 37 congresistas de cuatro bancadas (AP, BP-CD, UPP y PNP) presentaron ayer, ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1097, por considerar que la norma beneficia a los militares que violaron los derechos fundamentales durante los años de guerra interna.

“El decreto enuncia fórmulas de cierre de las investigaciones y los procesos penales contra militares y civiles acusados de asesinatos, tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el vocero nacionalista Daniel Abugattás.

PREOCUPACIÓN EXTERNA. Otras críticas llegaron del exterior. Según la Comisión Interamericana de DD.HH., “la aprobación de dicho dispositivo implicaría serios obstáculos para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos”. El relator especial de la ONU en casos de DD.HH., Martin Scheinin, hizo similar advertencia.